El sistema de justicia penal juvenil en Argentina registró un preocupante aumento de la participación de niños, niñas y adolescentes (NNyA) en causas penales durante el año 2024, según revela el Mapa federal publicado por la Corte Suprema de Justicia.
El informe, elaborado por la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) del máximo tribunal, reúne datos de las 24 jurisdicciones del país sobre la cantidad de NNyA involucrados en causas penales, las respuestas judiciales adoptadas y el tipo de delitos cometidos.
Los datos muestran un panorama alarmante a nivel nacional. En la Ciudad de Buenos Aires, ingresaron a la justicia de menores 610 NNyA, con 438 causas penales iniciadas. En la provincia de Buenos Aires, se registraron 1.802 NNyA imputados formalmente, con 1.892 causas penales.
En Córdoba, la cifra asciende a 2.437 NNyA ingresados a la justicia provincial, asociados a 2.382 causas penales. Otras provincias como La Pampa, Mendoza, Corrientes y Entre Ríos también reportaron elevados números de participación de menores en el sistema penal.
Más allá de las diferencias entre jurisdicciones, el informe advierte que los datos no son estrictamente comparables debido a las variaciones en los sistemas judiciales locales, la normativa aplicable y los criterios de registro.
Sin embargo, los números revelan una tendencia preocupante a nivel nacional, con miles de niños y adolescentes siendo alcanzados por el sistema de justicia penal juvenil. Esto plantea importantes desafíos en términos de prevención, reinserción y protección de los derechos de esta población vulnerable.
Expertos y organizaciones de derechos humanos han manifestado su preocupación por esta situación, instando a las autoridades a implementar políticas integrales que aborden las causas subyacentes y promuevan alternativas al encarcelamiento, con un enfoque en la rehabilitación y la reinserción social.
El informe de la Corte Suprema busca dimensionar el alcance de la aplicación del régimen punitivo juvenil y servir como insumo para el diseño de políticas públicas más efectivas en esta materia. Sin embargo, la magnitud de los datos revela la urgencia de abordar este problema de manera integral y prioritaria en la agenda nacional.
