La Fiscalía solicitó de forma urgente que se fije fecha, día y hora para receptar el testimonio anticipado de cuatro supuestos afectados en el caso por la presunta ejecución extrajudicial ocurrida durante un operativo militar en Santa Elena. La diligencia busca que las versiones queden registradas judicialmente y puedan ser utilizadas en el proceso, sin que las víctimas tengan que comparecer en un eventual juicio.
El pedido consta en un oficio remitido el 15 de diciembre de 2025 por la Unidad Especializada en Investigación de Uso Ilegítimo de la Fuerza No. 2, con sede en Guayaquil, a la Unidad Judicial Penal del cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. La causa corresponde al proceso penal abierto por una presunta ejecución extrajudicial.
En el documento, la Fiscalía solicita que rindan testimonio anticipado los dos adolescentes, de 16 años, así como los jóvenes de 18 y 21 años. En el caso de los menores de edad, la diligencia deberá realizarse con la presencia obligatoria de un curador, conforme lo establece la normativa vigente.
El Ministerio Público plantea que los testimonios se recepten utilizando elementos técnicos especializados, como la cámara de Gessell, ubicada en la Fiscalía Provincial del Guayas, en Guayaquil. Este mecanismo permite que las versiones se recojan en un entorno controlado, evitando la revictimización y garantizando condiciones adecuadas, especialmente cuando se trata de adolescentes.
La Fiscalía considera que esta diligencia es clave dentro de la investigación, ya que las versiones de los presuntos afectados resultan determinantes para esclarecer lo ocurrido durante el operativo militar que terminó con la muerte de un joven de 19 años y derivó en la formulación de cargos contra seis militares, quienes actualmente cumplen prisión preventiva en Quito.
El testimonio anticipado es una figura legal que permite incorporar formalmente al proceso la declaración de una víctima o testigo, de modo que pueda ser valorada por el juez en etapas posteriores, incluso en juicio, sin necesidad de que la persona vuelva a comparecer. En este caso, la Fiscalía busca preservar los relatos de quienes estuvieron dentro del inmueble intervenido, algunos de los cuales ya han denunciado agresiones físicas durante el procedimiento.
