El Congreso de la República aprobó en segunda votación la extensión de la vigencia del proceso de formalización minera integral, conocido como Reinfo, hasta el 31 de diciembre de 2026. La medida, que fue aprobada con 13 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, busca garantizar el derecho al trabajo de miles de familias dedicadas a la pequeña minería y minería artesanal en el país.
La aprobación de esta extensión se dio a pesar de las fuertes críticas de algunos congresistas, quienes cuestionaron que se esté "legislando a favor de un pequeño grupo de personas en detrimento de los peruanos" y que el Reinfo funcione como un "manto de impunidad" que permite camuflar la producción ilegal y eximir a los mineros inscritos de investigaciones o denuncias por contaminación ambiental.
Según los proponentes, la norma garantizará el derecho al trabajo de miles de familias, aumentará la tasa de culminación del proceso de formalización, ampliará la base tributaria, mejorará la recaudación fiscal (por impuestos, regalías y canon) y ayudará a reducir la conflictividad social. Se estima que más de 31,000 mineros ya se encuentran en el procedimiento de formalización.
Sin embargo, el especialista en temas de minería, Iván Arenas, advirtió que la ampliación del plazo no resuelve el problema central, que es de naturaleza técnica y compleja. Señaló que los principales "cuellos de botella" que impiden la formalización son la falta de acuerdo de explotación entre los mineros y los concesionarios, y el hecho de que el Ministerio de Energía y Minas no llegó a revisar los miles de instrumentos de gestión ambiental presentados.
Arenas también cuestionó que el Reinfo funcione como un "manto de impunidad" en algunos casos, permitiendo camuflar la producción ilegal y eximiendo a los mineros inscritos de investigaciones o denuncias por contaminación ambiental.
A pesar de estas críticas, el Congreso decidió extender el plazo del Reinfo hasta 2026, argumentando la necesidad de reconocer que un gran sector de la población se dedica a la minería y que el Estado no ha encontrado una solución legal que recoja todos los casos.
