Cada 90 minutos, una familia panameña presenta una denuncia por agresión sexual. Detrás de cada expediente hay un niño o niña cuya infancia fue arrebatada, en la mayoría de los casos, por alguien que conocía: un tío, un padrastro, un vecino o incluso sus propios padres.
La entrada en vigencia de la Ley 501, impulsada por la diputada Paulette Thomas, representa un paso significativo: por primera vez, los panameños podrán saber si quien cuida a sus hijos, o quien vive en la casa de al lado, ha sido condenado por delitos sexuales. La nueva norma, que modifica la Ley 244 de 2021, establece el carácter público del Sistema Nacional de Registro de Ofensores Sexuales, que hasta ahora permanecía oculto tras puertas institucionales.
Sin embargo, los expertos advierten que el registro público, aunque necesario, no es una solución definitiva. La evidencia científica internacional muestra que los programas de prevención en escuelas reducen significativamente el riesgo de abuso. Panamá, por el contrario, sigue empantanado en debates estériles sobre educación sexual mientras sus niños pagan el precio de la inacción adulta.
Los números son escalofriantes y confirman patrones globales: 92% de las víctimas menores de edad son niñas; las edades más afectadas oscilan entre los 3 y 10 años; la mayoría de los agresores pertenece al entorno familiar. En la Comarca Ng be-Buglé, los casos aumentaron 73% en un solo año. En la Comarca Emberá, el incremento fue de 294%. Estas no son estadísticas abstractas; son niñas y niños que cruzan ríos para llegar a escuelas donde nadie les ha enseñado que su cuerpo les pertenece, y que regresan a hogares donde el Estado brilla por su ausencia.
La autora de la nota, una educadora y expresidenta de la Junta Nacional de Escrutinio, señala que la Ley 501 es una herramienta de prevención situacional, pero la verdadera prevención requiere inversión sostenida en educación, presencia institucional en territorios olvidados y el desmantelamiento de una cultura que normaliza el silencio. Celebra la ley como un avance, pero advierte que saber quién es el vecino no protegerá a la niña cuyo agresor duerme en la habitación de al lado y nunca ha sido denunciado.
Para la experta, Panamá necesita programas de prevención obligatorios en todas las escuelas, desde preescolar, así como una mayor presencia de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) en las comarcas. También reclama protocolos de denuncia que protejan a los docentes que reportan casos, y sobre todo, dejar de mirar hacia otro lado ante esta crisis que sigue cobrando víctimas.
