La ministra de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, Miriam Roquel, compareció este martes ante la bancada VOS del Congreso de la República para atender una citación de fiscalización relacionada con el proceso de incremento del salario mínimo en el país.
La convocatoria del Congreso se da en medio de un debate sobre si el Poder Legislativo debería tener una mayor participación en la decisión final sobre el ajuste del salario mínimo, que tradicionalmente ha sido liderado por el Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo.
Según la información disponible, la ministra Roquel acudió al Congreso para responder a las inquietudes de los diputados sobre el trámite y los criterios utilizados para determinar el aumento salarial más reciente, que entró en vigor el 1 de enero de 2023.
"Creemos que el Congreso debe tener un rol más protagónico en este proceso, no puede ser una decisión unilateral del Ejecutivo", señaló el diputado Juan Ramón Lau, de la bancada VOS. Argumentó que el salario mínimo es un tema de gran impacto social y económico que requiere un análisis y debate más amplio en el Parlamento.
Por su parte, la ministra Roquel defendió el papel del Ministerio de Trabajo en la fijación del salario mínimo, señalando que se trata de un proceso técnico que involucra a diversos sectores, incluidos los trabajadores y empleadores. Sin embargo, admitió que existe espacio para fortalecer la coordinación con el Congreso.
"Estamos abiertos al diálogo y a escuchar las propuestas de los diputados. Nuestro objetivo es lograr un incremento salarial justo que beneficie a los trabajadores sin afectar la competitividad de las empresas", afirmó la ministra.
El debate sobre la participación del Congreso en la determinación del salario mínimo se da en un contexto de creciente preocupación por la erosión del poder adquisitivo de los trabajadores debido a la alta inflación que atraviesa Guatemala.
Según datos oficiales, el salario mínimo en el país actualmente se ubica en 3,002.36 quetzales mensuales (aproximadamente $385 dólares), lo que representa un incremento del 6% respecto al año anterior. Sin embargo, diversos análisis señalan que este ajuste no ha sido suficiente para compensar el aumento del costo de vida.
Tanto el Gobierno como el Congreso deberán encontrar un equilibrio entre proteger el ingreso de los trabajadores y mantener la estabilidad económica del país. La resolución de este debate tendrá un impacto directo en el bienestar de millones de guatemaltecos.
