El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ampliado este martes la prohibición de ingreso al país para ciudadanos de seis países adicionales, entre ellos Siria, y para personas con pasaporte de la Autoridad Palestina. La medida responde, según la Casa Blanca, a la necesidad de "proteger la seguridad nacional".
El nuevo decreto "añade restricciones completas y limitaciones de entrada a 5 países adicionales basándose en un análisis reciente: Burkina Faso, Malí, Níger, Sudán del Sur y Siria", indica un comunicado oficial. Asimismo, amplía restricciones a Laos y Sierra Leona.
Por otra parte, el gobierno estadounidense también ha impuesto "restricciones parciales y limitaciones de entrada" a 15 países más: Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabue.
Esta nueva medida se produce a inicios de diciembre, cuando la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, instó a ampliar la lista de países sujetos a la restricción de viajes, argumentando que estos países "están inundando al país con 'asesinos' y 'sanguijuelas'".
La prohibición de entrada a Estados Unidos para ciudadanos de determinados países es una de las políticas más controvertidas impulsadas por la administración Trump desde su llegada a la Casa Blanca en 2017. La medida ha sido fuertemente criticada por organizaciones de derechos humanos y la oposición demócrata, que la consideran discriminatoria y contraria a los valores estadounidenses.
No obstante, el gobierno defiende que se trata de una decisión necesaria para salvaguardar la seguridad nacional y evitar la entrada de potenciales terroristas o delincuentes. Según las autoridades, el análisis realizado ha determinado que estos países no cumplen con los estándares de seguridad y verificación de identidad requeridos.
La ampliación de la prohibición de entrada afectará a miles de personas que tenían previsto viajar a Estados Unidos desde los países incluidos en la nueva lista. Organizaciones de defensa de los derechos humanos han anunciado que estudiarán posibles acciones legales contra esta medida.
