La Contraloría General de la República de Panamá emitió un comunicado oficial aclarando que la rendición de cuentas ante esta institución es un proceso obligatorio e independiente, distinto al que se realiza ante el Tribunal Electoral.
La entidad fiscalizadora explicó que los informes de auditoría relacionados con el financiamiento político poselectoral que se presentan ante el Tribunal Electoral no sustituyen la rendición de cuentas que debe cumplirse ante la Contraloría. Ambas instancias cumplen roles distintos y complementarios, conforme al marco legal vigente.
Según la Contraloría, el Tribunal Electoral evalúa los informes desde la perspectiva del financiamiento electoral, mientras que la Contraloría ejerce una función fiscalizadora bajo el esquema de control previo, que exige la presentación trimestral de informes sobre el uso de recursos públicos.
La institución advirtió que las personas naturales o jurídicas que no hayan cumplido con la entrega de la rendición de cuentas dentro del plazo establecido serán sometidas a los procesos de revisión correspondientes, que pueden incluir auditorías forenses. Estas actuaciones, aclararon, no responden a señalamientos ni ataques contra partidos políticos, movimientos ciudadanos o actores específicos, sino al cumplimiento de su mandato constitucional de velar por la transparencia y la correcta administración de los fondos públicos.
De acuerdo con los registros oficiales, algunos candidatos electos por libre postulación mantienen información pendiente de presentación ante la Contraloría. Tal es el caso de la agrupación Movimiento Otro Camino (MOCA), así como de los diputados electos Alexandra Brenes y Luis Duke, quienes entregaron la documentación correspondiente el 15 de diciembre de 2025, pero fuera del tiempo reglamentario.
Asimismo, la Contraloría indicó que las alcaldesas electas por libre postulación de San Miguelito, Irma Hernández, y de Arraiján, Stefany Peñalba, no registran rendición de cuentas dentro del plazo establecido, pese a haber recibido financiamiento político poselectoral.
La entidad agregó que también existen otros representantes electos por libre postulación que mantienen información pendiente de entrega, lo que constituye un incumplimiento de la normativa vigente.
