Rusia ha tomado medidas para blindar al presidente Vladimir Putin frente a una posible orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI). La CPI acusó a Putin de crímenes de guerra por la deportación ilegal de niños ucranianos, lo que ha generado una fuerte reacción del Kremlin.
El gobierno ruso ha anunciado que no reconocerá ninguna decisión de la CPI contra Putin, calificándola de "nula e inválida". Además, han adoptado leyes que impiden la extradición de ciudadanos rusos a tribunales internacionales, lo que dificulta cualquier intento de detener al presidente.
Esta medida se enmarca en una estrategia más amplia de Rusia para proteger a su máximo líder de posibles acciones legales en su contra por la invasión de Ucrania. El Kremlin ha cuestionado repetidamente la legitimidad y jurisdicción de la CPI, alegando que Rusia no es parte del Estatuto de Roma que la creó.
La orden de arresto emitida por la CPI ha sido vista como un duro golpe simbólico para Putin, quien ha sido acusado de crímenes de guerra y lesa humanidad por la deportación forzada de miles de niños ucranianos a Rusia. Sin embargo, la respuesta del gobierno ruso sugiere que Putin se mantendrá al frente del poder a pesar de las crecientes presiones internacionales.
Analistas consideran que esta estrategia de blindaje legal del presidente ruso refleja la determinación del Kremlin por mantener a Putin en el poder, incluso en medio de la creciente condena internacional por la invasión de Ucrania. La lucha legal y diplomática en torno a la orden de arresto de la CPI se perfila como un nuevo frente en la compleja crisis geopolítica desatada por la guerra.
