La Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, bajo la dirección del fiscal regional Marcos Pastén, encabezó la madrugada del martes 16 de diciembre un operativo nacional denominado "Operación Apocalipsis". Este operativo dejó al descubierto una estructura de corrupción carcelaria con precios definidos y un mercado ilegal consolidado al interior de los penales.
El procedimiento incluyó 77 órdenes de detención, ejecutadas en siete regiones del país Metropolitana, Maule, Bío Bío, La Araucanía, Ñuble, Los Ríos y O'Higgins. Además, abarcó nueve establecimientos penitenciarios y decenas de domicilios particulares. En el despliegue participaron 690 funcionarios, entre 500 detectives de la PDI y 190 efectivos de Gendarmería.
La investigación permitió establecer que la red criminal, operativa principalmente en Santiago 1 y el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, movió más de $6.300 millones en los últimos tres años. El sistema funcionaba con roles definidos, logística estable y tarifas conocidas por internos y civiles externos.
Uno de los ejes centrales fue el mecanismo conocido como "Las Manillas", agrupaciones externas que ingresaban mercancía ilegal a los penales con apoyo de gendarmes coludidos. Cada producto tenía un precio fijo, configurando un verdadero mercado negro penitenciario. Los pagos se realizaban mediante transferencias bancarias, depósitos en cuentas vista, como Cuenta RUT, o en dinero en efectivo.
La corrupción también alcanzó el Control Peatonal o "Aduana", instancia diseñada para impedir el ingreso de elementos prohibidos. Funcionarios permitían el paso de artículos ilícitos a cambio de pagos previamente acordados, sin dejar registro ni activar protocolos de seguridad.
Al interior de los penales, la fiscalía identificó tres modalidades de operación: "Delivery", donde gendarmes vendían directamente productos a internos; "La Feria", con ingreso y comercialización de mercancía por cuenta propia; y "El Rescate", en el que funcionarios sustraían especies incautadas para luego revenderlas.
La indagatoria incluyó interceptaciones telefónicas, análisis de mensajería, seguimientos, revisión de cámaras internas, agentes encubiertos y el levantamiento del secreto bancario. Estas acciones permitieron sustentar delitos de cohecho, soborno, lavado de activos y asociación criminal.
El balance preliminar considera 42 gendarmes y 35 civiles bajo investigación. Entre ellos se encuentran ciudadanos chilenos, colombianos y bolivianos. La causa avanzó gracias a la colaboración de funcionarios que denunciaron los hechos. Estos denunciantes hoy permanecen bajo estricto resguardo y anonimato por razones de seguridad.
