La Fiscalía Metropolitana Occidente y la PDI llevan a cabo una investigación que ha destapado una red de corrupción al interior de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) Santiago 1, donde al menos 42 gendarmes están siendo indagados por delitos como cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
La pesquisa revela que los funcionarios facilitaban el ingreso de drogas, celulares, alimentos de alta calidad y alcohol a los internos, así como el acceso de visitas indocumentadas que se reunían con miembros de organizaciones delictuales, como el Tren de Aragua. Incluso se ha detectado que los gendarmes simulaban realizar los protocolos de seguridad para permitir el ingreso de personas sin identificación.
Según la investigación, los funcionarios recibían pagos por estos servicios, ya sea en efectivo, transferencias bancarias o a través de testaferros. Las tarifas iban desde 60 mil pesos por permitir el ingreso de una persona sin papeles, hasta 1,5 millones de pesos por "rescatar" un celular decomisado.
Además, se ha identificado la participación de 35 civiles, entre familiares de internos y "manilleros" que se instalan afuera del penal para facilitar el contacto con los gendarmes corruptos.
Este caso evidencia la penetración del crimen organizado en Gendarmería, una institución que debería combatir la delincuencia. Las organizaciones delictivas buscan controlar los penales para dirigir sus negocios ilegales desde adentro, corrompiendo o extorsionando al personal penitenciario.
Durante la madrugada de este martes, la Fiscalía Metropolitana Occidente tenía orden de allanar 77 domicilios, incluyendo a los 42 gendarmes y 35 civiles investigados, en un operativo que involucra a siete regiones del país y siete recintos penitenciarios.
