A partir de enero de 2023, los mexicanos tendrán que pagar un impuesto adicional de entre 10% y 50% en todas las compras realizadas en plataformas de comercio electrónico que no sean de Estados Unidos o Canadá. Esta medida, presentada como un "arancel disfrazado", busca incrementar la recaudación fiscal del gobierno mexicano en un estimado de 70,000 millones de pesos anuales.
Según el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el objetivo es proteger alrededor de 350,000 empleos en México. Sin embargo, la medida también afectará a miles de trabajos relacionados con la venta de estos productos importados. Además, se espera que el costo de artículos como ropa, autopartes y cosméticos se duplique para el consumidor final.
El gobierno justifica esta decisión alegando la presión de Estados Unidos en su guerra comercial con China, así como la necesidad de combatir el contrabando y la triangulación ilegal de productos. No obstante, el impacto recaerá directamente sobre los bolsillos de millones de mexicanos que dependen de estas plataformas digitales para adquirir bienes a precios accesibles.
"El debate no es comercial, es social. Cuidar la relación con Estados Unidos es indispensable para México, pero hacerlo cargando el costo directamente al consumidor, no parece la vía más justa", señaló una fuente consultada.
Los productos más afectados serán aquellos provenientes de China, India, Corea del Sur, Vietnam, Indonesia, Tailandia, Brasil, Taiwán, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica, en sectores como textil, autopartes y plásticos. Expertos advierten que esta medida podría convertir las compras en línea en un "lujo" para muchas familias mexicanas.
