Las intensas lluvias que han azotado el departamento de Santa Cruz, en Bolivia, han dejado un saldo devastador. Hasta el momento, se han reportado al menos 20 personas muertas y decenas de desaparecidos, mientras las autoridades se esfuerzan por brindar ayuda a las comunidades afectadas.
La emergencia no ha terminado, pues se espera que la temporada de lluvias en la región se extienda hasta marzo de 2026, según las previsiones climáticas. El presidente Rodrigo Paz ha declarado el estado de desastre departamental y ha solicitado la declaratoria de desastre nacional, con el objetivo de acceder a la ayuda internacional.
La tragedia ha golpeado con especial fuerza a la localidad de El Torno y a las comunidades vecinas, donde familias enteras han sido devastadas por la fuerza implacable del agua. Niños han quedado huérfanos y comunidades sumidas en el duelo, mientras continúa la búsqueda de los desaparecidos.
La vulnerabilidad de Bolivia ante los desastres naturales, agravada por el cambio climático, ha quedado una vez más en evidencia. Expertos advierten que la prevención y la planificación territorial son cruciales para evitar que estas tragedias se repitan.
Las autoridades han hecho un llamado urgente a la solidaridad y a la coordinación entre el gobierno central, los gobiernos subnacionales, el sector privado y la sociedad civil, para brindar una respuesta inmediata a los damnificados y avanzar en una estrategia a largo plazo que permita fortalecer la resiliencia de las comunidades.
Esta tragedia interpela a todo el país, pues, como señala el texto, "hoy es Santa Cruz; mañana puede ser cualquier otro departamento". La lección que debe quedar de esta emergencia es que la improvisación ya no es una opción, y que la prevención y la planificación deben ser prioridades de Estado.
