Investigaciones judiciales en España han destapado una trama de corrupción que involucra al gobierno de Pedro Sánchez y al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. La compleja operación habría permitido a Maduro burlar las restricciones internacionales para comercializar el petróleo venezolano, desviando millones de euros en ganancias hacia cuentas bancarias en paraísos fiscales.
Según los datos recabados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española, la trama habría defraudado más de 182 millones de euros entre 2021 y 2024 a través de un entramado de empresas ficticias y mecanismos financieros sofisticados. Los fondos habrían sido depositados en cuentas en Portugal, China y Colombia.
Los investigadores señalan a Víctor de Aldama como el cabecilla de la operación, y a Claudio Rivas como el gerente de las sociedades pantalla utilizadas, Villafuel S.L. y Have Got Times S.L. Sin embargo, la trama habría requerido la complicidad de altos cargos del gobierno español para facilitar estas actividades fraudulentas.
Los exministros José Luis Ábalos (Transporte), Reyes Maroto (Industria) y Teresa Ribera (Transición Ecológica) habrían sido sobornados con sumas atractivas para permitir el tráfico ilegal de petróleo. Además, se han encontrado evidencias de los estrechos vínculos entre el régimen chavista y Koldo García, secretario personal de Ábalos, quien fue fotografiado en Caracas con Delcy Rodríguez, jefa de PDVSA.
El crudo de Maduro habría salido de Venezuela con destino a República Dominicana, donde era refinado, para luego ser enviado a España. La trama también intentó negociar con el gobierno socialista de las Islas Canarias la construcción de una refinería que evitara la escala en República Dominicana y abaratara los costes, aunque finalmente esta operación no se concretó.
Según las investigaciones, es poco probable que toda esta operación haya sido desconocida por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Incluso se sospecha que parte de los fondos desviados podrían haber servido para la financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), lo cual también está siendo investigado.
Otro caso que evidencia la estrecha colaboración entre el gobierno de España y el régimen de Maduro es el rescate de 53 millones de euros otorgado a la aerolínea Plus Ultra, una empresa española con capital venezolano. Según las pesquisas, el rescate se realizó a pesar de que se sabía que la compañía no era estratégica para la economía española. En este caso también aparece la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, exjefe de gobierno español, quien habría mediado en la operación.
Estas revelaciones ponen de manifiesto la complicidad entre el gobierno socialista de España y el régimen autoritario de Nicolás Maduro en Venezuela, permitiendo la evasión de sanciones internacionales y el desvío de millones de euros en beneficio de unos pocos. La investigación judicial española ha logrado destapar una trama de corrupción que involucra a altos cargos de ambos países, poniendo en jaque la credibilidad de las instituciones.
