La diputada de la bancada de Libre, Lissa Claros, presentó una denuncia ante el Ministerio Público de La Paz en contra de la exviceministra de Comunicación, Gabriela Alcón. Según la denuncia, Alcón habría cometido delitos de daño económico al Estado, contratos lesivos al Estado y beneficios en razón del cargo.
Se estima que el daño económico asciende a 2 millones de bolivianos, producto de contratos por 650 mil bolivianos que Alcón habría suscrito. La diputada Claros acusa a Alcón de haber creado fundaciones, obtenido permisos de radio y beneficiado con publicidad estatal a estas emisoras.
La denuncia fue admitida por el Ministerio Público, y Claros solicitó el arraigo de Alcón para evitar que salga del país, así como la incautación de sus bienes. La diputada espera que la Fiscalía actúe de forma inmediata para que Alcón dé respuestas al Estado.
Este caso se enmarca en una serie de denuncias y acciones legales que el partido Libre ha emprendido contra funcionarios del gobierno anterior, en un esfuerzo por esclarecer presuntos actos de corrupción y daño al erario público.
El partido Libre, liderado por Jeanine Áñez, ha sido una de las principales fuerzas de oposición durante el gobierno de Luis Arce. La denuncia contra Alcón es vista como parte de una estrategia más amplia para investigar y sancionar a exfuncionarios del gobierno anterior.
La exviceministra Alcón aún no se ha pronunciado públicamente sobre estas acusaciones. Sin embargo, se espera que en los próximos días brinde su versión de los hechos y enfrente el proceso judicial abierto en su contra.
Este caso pone de manifiesto la importancia que el partido Libre le está dando a la lucha contra la corrupción, una de sus banderas principales desde que asumió el rol de oposición. La denuncia contra Alcón es solo uno de los varios frentes abiertos por Libre en este sentido.
