La fiscalización del financiamiento político a los partidos y las polémicas transferencias a los municipios han abierto un nuevo frente de tensión institucional entre la Contraloría General de la República y los partidos políticos, así como expertos en materia electoral.
El contralor general, Anel Flores, elevó el tono de sus críticas esta semana al revelar una lista oficial de diputados y partidos políticos morosos en materia de transparencia. Acusó a la mayoría de los diputados de la coalición Vamos de no haber cumplido con la obligación legal de informar sobre el uso de recursos públicos, en particular los fondos postelectorales.
Sin embargo, los diputados de Vamos, como Roberto Zúñiga y Janine Prado, así como el exdiputado independiente y fundador de esa coalición, Juan Diego Vásquez, rechazaron los señalamientos y defendieron el cumplimiento de sus obligaciones legales. Vásquez explicó que solo dos de los 13 diputados de Vamos con responsabilidad de rendir cuentas habían solicitado una prórroga, y que una de las personas mencionadas ya había entregado el informe.
Por su parte, el presidente del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ricardo Lombana, también calificó los señalamientos como falsos y aseguró que su colectivo ha cumplido "con absolutamente todo lo exigido por las leyes".
La controversia se ha extendido a un plano institucional, con el exmagistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado, advirtiendo que la Contraloría podría estar duplicando funciones que la ley asigna de manera expresa al órgano electoral. Según Márquez Amado, mientras el Tribunal Electoral es el ente competente para supervisar cómo se gastan los recursos del financiamiento electoral, el rol de la Contraloría debe limitarse a verificar que esos fondos "se hayan manejado correctamente", sin invadir funciones ajenas.
La disputa pone de manifiesto las tensiones entre la Contraloría y los partidos políticos en torno a la transparencia y el uso de los recursos públicos destinados al financiamiento electoral. Mientras la Contraloría busca ejercer un mayor control, los partidos defienden el cumplimiento de sus obligaciones y cuestionan el alcance de las atribuciones de la entidad fiscalizadora.
