La plataforma digital Soberanía ha consolidado en Cuba los servicios en línea al ciudadano, tras la entrada en vigor del Decreto 125 que oficializó el Centro de Gobierno Digital adscrito al Consejo de Ministros.
Según explicó Wilfredo González Vidal, coordinador general del proyecto, la prioridad inicial está en los trámites en línea al ciudadano, sustentados en el Proveedor de Identidad Digital de la República de Cuba, establecido por el Decreto 215.
El proceso de certificación de cuentas se realiza mediante la aplicación Mi Identidad, desarrollada por la empresa Datys, que valida la información del carné de identidad con algoritmos e inteligencia artificial bajo supervisión de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería.
La identidad digital permite al usuario interactuar con múltiples organismos sin necesidad de registrarse en cada uno, lo cual refuerza la seguridad y reduce riesgos de fraude. Entre los beneficios para la población destacan la simplificación de accesos, la reducción de colas y desplazamientos, y la posibilidad de recibir documentos digitales con validez legal en su perfil, firmados electrónicamente por funcionarios.
Actualmente, la plataforma describe 294 trámites y servicios, de los cuales 15 ya funcionan en línea, incluidos las certificaciones del Registro de Estado Civil y solicitudes de duplicados de carné de identidad, licencia de conducción y certificado de circulación de vehículos.
Las estadísticas iniciales reflejan más de 111 mil 500 visitas, cerca de 20 mil usuarios registrados y más de ocho mil 200 cuentas certificadas, con predominio de solicitudes de certificaciones de registros civiles y duplicados de documentos de identidad.
La red de más de 640 Joven Club de Computación y Electrónica apoya el proceso de registro y certificación, especialmente para personas con menos habilidades digitales, lo que favorece la inclusión.
El documento digital emitido por la plataforma tiene plena validez legal y no requiere impresión, lo que contribuye a la modernización administrativa y a la reducción de costos en el Estado. El periodo de evaluación iniciado en julio permitió ajustar procesos a partir de más de mil correos recibidos de la población, con mejoras en las notificaciones de estado de solicitudes y en la búsqueda de certificaciones.
