En un polémico movimiento, el gobierno ha aprobado reformas a la Ley General de Salud que establecen una prohibición absoluta a la producción, importación, comercialización y propaganda de los dispositivos electrónicos conocidos como vapeadores. Esta decisión ha generado fuertes críticas por parte de la oposición, quienes consideran que la medida es apresurada y puede generar un peligroso mercado negro.
La justificación del gobierno para esta prohibición es la asociación entre el uso de vapeadores y afectaciones pulmonares severas. Sin embargo, los estudios existentes no han logrado determinar con certeza la causa exacta de estos daños, ya sea el calor, los químicos empleados, la frecuencia de uso o el vapor inhalado.
La oposición ha señalado que esta medida prohibitiva contrasta con el abordaje más moderado que se ha tenido con otros insumos igualmente dañinos para la salud, como el azúcar. Argumentan que una prohibición absoluta podría empujar a los consumidores hacia un mercado ilegal, donde los productos serían aún más peligrosos.
Expertos han cuestionado que la decisión esté sustentada en evidencia científica sólida y que cumpla con los requisitos constitucionales de ser racional, proporcional y adecuada para evitar el daño. Consideran que medidas de información y educación podrían ser más efectivas para prevenir el uso de vapeadores entre niños y adolescentes.
El gobierno defiende la prohibición como una acción afirmativa para proteger a los grupos vulnerables, en línea con otras políticas públicas que han buscado empoderar a la mujer y cuidar la salud de la niñez. Sin embargo, la oposición advierte que el remedio puede resultar peor que la enfermedad al incentivar un mercado ilegal que ponga en mayor riesgo a los consumidores.
