En nuestro sistema judicial, las "audiencias públicas" en las que se debaten y resuelven casos legales deberían ser verdaderamente públicas. Sin embargo, en la práctica, existen restricciones que limitan el acceso y la transparencia de estos procesos, lo que genera preocupación sobre posibles malas prácticas.
Según el análisis, en nuestro país las audiencias públicas no son tan públicas como deberían ser. Existen limitaciones de infraestructura que impiden que muchas personas puedan presenciarlas en persona, y además está prohibida su videograbación y transmisión. Esto contrasta con otros países donde toda audiencia judicial es transmitida y las grabaciones quedan disponibles en Internet, fomentando la transparencia y la rendición de cuentas.
La falta de publicidad de las audiencias tiene consecuencias negativas. Por un lado, los abogados que improvisan y los jueces desconocedores quedan "expuestos" ante el escrutinio público, generando una responsabilidad que nace de la reprobación ciudadana a malas actuaciones. Por otro lado, se dificulta que el órgano administrativo, como el Consejo de la Judicatura, pueda encubrir a malos elementos o tener comportamientos arbitrarios en contra de jueces "incómodos" al poder.
Si bien se puede argumentar que la publicidad de las audiencias vulnera el derecho a la intimidad de las personas, lo cierto es que en la actualidad ya existe mucha información pública sobre los procesos judiciales a través de plataformas como Expel o Satje. Además, la transparencia de las audiencias no solo no agrava el estado de cosas actual, sino que tiene un alto componente de beneficio a la causa pública y a favor de los justiciables.
Con audiencias verdaderamente públicas, los defensores tendrán que preparar mejor sus casos, sin poder improvisar, y a los juzgadores desviados se les reducirá el nivel de arbitrariedad. Asimismo, será más difícil para los abogados inventar bulos en redes sociales para desacreditar a la contraparte, y la ciudadanía podrá tener un verdadero control social sobre la justicia y sus intervinientes.
En definitiva, la transparencia de las audiencias judiciales es una herramienta clave para combatir la corrupción y mejorar la calidad de la justicia en nuestro país. Es hora de que nuestro sistema procesal evolucione hacia una mayor apertura y rendición de cuentas.
