Desde hace veinte meses, los ciudadanos ecuatorianos pagan más impuestos con la promesa explícita de recuperar la seguridad en el país. Sin embargo, la realidad cotidiana de los ecuatorianos sigue siendo la misma: secuestros, extorsiones, asesinatos y amenazas son parte del día a día.
A pesar de la propaganda oficial que insiste en mostrar un país que avanza en el combate a la delincuencia, la falta de transparencia por parte del Gobierno alimenta la desconfianza y la desesperanza de la población. El incremento de tres puntos porcentuales del IVA, aprobado bajo el amparo de la Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica, ha significado más de 2.000 millones de dólares adicionales para el Estado. Sin embargo, el Gobierno no ha rendido cuentas sobre cómo se han utilizado esos fondos.
El presidente de la República y los ministros de Finanzas, del Interior y de Defensa tienen la obligación de explicar a la ciudadanía en qué se han invertido esos recursos, cuánto se ha destinado a infraestructura policial y militar, cuántos cuarteles han sido modernizados y qué programas de prevención se han financiado. La falta de transparencia y rendición de cuentas es una omisión política y una falta ética.
Mientras los ciudadanos siguen pagando extorsiones para poder trabajar o vivir tranquilos, el Estado no da respuestas sobre cómo utiliza los fondos que recaudó precisamente para protegerlos. Esta situación alimenta la desconfianza y la desesperanza de la población, que sigue viviendo con miedo a pesar de los supuestos golpes al crimen organizado.
Es urgente que el Gobierno rinda cuentas de manera clara, con datos verificables y accesibles, para que la ciudadanía pueda entender cómo se están utilizando los recursos destinados a la seguridad. Solo así se podrá recuperar la confianza y avanzar en la lucha contra la delincuencia.
