Una grave denuncia ha sacudido la provincia de Monseñor Nouel, en República Dominicana. Según informes, una grancera (explotación minera) habría estado contaminando un importante río de la zona, afectando gravemente a varias comunidades que dependen de este recurso hídrico.
La denuncia, realizada por líderes comunitarios y organizaciones ambientales, señala que los vertidos de la grancera han provocado la contaminación del río, tornando sus aguas turbias y con un fuerte olor desagradable. Esto ha tenido un impacto directo en la vida de los habitantes de las zonas aledañas, quienes se han visto privados de una fuente vital de agua para consumo, riego y actividades cotidianas.
"Nuestras familias dependen de este río para todo, y ahora nos vemos en una situación desesperante. El agua está totalmente contaminada y no podemos usarla para nada", declaró Juana Rodríguez, líder comunitaria de uno de los pueblos afectados.
Según los denunciantes, la contaminación ha provocado serios problemas de salud en la población, con casos de enfermedades gastrointestinales, problemas de piel y otras afecciones relacionadas con la exposición al agua contaminada. Asimismo, la pesca y la agricultura, actividades económicas clave en la zona, se han visto gravemente perjudicadas.
Las autoridades locales y regionales han sido informadas de la situación, pero hasta el momento no se han tomado medidas concretas para detener la contaminación y remediar el daño causado. Los líderes comunitarios exigen una respuesta urgente y acciones efectivas para proteger el río y garantizar el acceso al agua limpia para las familias afectadas.
"Estamos desesperados y no podemos seguir esperando. Nuestras vidas y nuestro sustento dependen de este río, y no podemos permitir que una empresa lo destruya impunemente", afirmó Rodríguez.
La situación en Monseñor Nouel pone de manifiesto la importancia de la protección de los recursos hídricos y la necesidad de un mayor control y fiscalización de las actividades industriales y mineras que puedan afectar a las comunidades y al medio ambiente. Las autoridades deberán actuar con celeridad para resolver esta crisis y garantizar los derechos de los ciudadanos.
