El gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia ha sido acusado de asaltar las arcas estatales durante su administración, según se evidencia en el fallo arbitral del proceso en el que el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) interpuso una demanda contra el Estado boliviano.
El conflicto se originó con la nacionalización del sistema de pensiones boliviano en 2010, cuando se creó una Gestora Pública para sustituir a las AFP privadas, incluida la filial de BBVA, AFP Previsión. Sin embargo, la negligente implementación de la Gestora resultó en un proceso caótico y prolongado, lo que llevó a BBVA a demandar al Estado.
En el arbitraje, BBVA demostró que el proceso de transición fue perjudicial, injusto y arbitrario, presentando incluso una declaración del exvicepresidente Álvaro García Linera donde delineaba la estrategia gubernamental para forzar negociaciones mediante la judicialización de multas y sanciones.
Según el fallo, el accionar de los entonces ministros de Economía, Luis Arce Catacora y Mario Guillen Suárez, siguió los lineamientos de García Linera, perjudicando gravemente al país. Esto se evidenció en el aumento injustificado de fiscalizaciones por parte de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), obligando a AFP Previsión a destinar recursos y ser sujeto de multas.
Irónicamente, la Gestora Pública terminó erogando más de $us 15 millones solo en software, una cifra que se compara con el pedido de AFP Previsión en 2012 de $us 15 millones por la totalidad de la empresa, oferta que Arce Catacora desestimó.
El tribunal arbitral determinó que Bolivia debía pagar $us 105 millones a BBVA por AFP Previsión, una cifra muy superior a la que se habría pagado de haber aceptado la propuesta inicial. Expertos señalan que este es solo uno de los varios arbitrajes que han costado más de $us 800 millones al Estado boliviano, producto de la negligencia y el "asalto a las arcas estatales" durante la administración del MAS.
