La Contraloría General de la República anunció la apertura de una indagación preliminar con base en la denuncia de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Angie Rodríguez, quien acusó a su compañero de gabinete y exgerente del Fondo de Adaptación, Carlos Carrillo, de una baja ejecución en los proyectos que tenía a su cargo.
La entidad de control fiscal busca determinar si hubo irregularidades en el manejo de los recursos públicos asignados a los proyectos liderados por Carrillo durante su paso por el Fondo de Adaptación, una entidad adscrita a la Presidencia de la República.
Según la denuncia de Rodríguez, Carrillo habría incumplido con los objetivos y metas trazados para los proyectos que tenía bajo su responsabilidad, lo que habría generado un impacto negativo en la población beneficiaria de dichas iniciativas.
La indagación preliminar permitirá a la Contraloría recopilar información, solicitar documentos y tomar declaraciones a los involucrados para establecer si existen indicios de posibles faltas administrativas, disciplinarias o penales.
El Fondo de Adaptación fue creado en 2010 con el fin de ejecutar proyectos de prevención, mitigación, rehabilitación, reconstrucción y desarrollo en zonas afectadas por fenómenos naturales. Durante la gestión de Carrillo al frente de la entidad, se le encomendaron importantes iniciativas relacionadas con la atención de emergencias y la construcción de infraestructura.
La denuncia de la directora del DAPRE pone en entredicho el desempeño de Carrillo al frente de estos proyectos, lo que ha llevado a la Contraloría a iniciar una investigación para determinar si hubo irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
Este caso se suma a la creciente lista de escándalos de corrupción que han salpicado a altos funcionarios del Gobierno nacional en los últimos años, lo que ha generado un clima de desconfianza y cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de los fondos públicos.
La Contraloría tendrá la responsabilidad de esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades por parte de Carrillo o de otros funcionarios involucrados. Los resultados de esta investigación serán de gran interés público, ya que podrían tener implicaciones políticas y jurídicas.
