El juicio de responsabilidades es una herramienta jurídico-constitucional exclusiva de Bolivia para establecer sanciones penales y civiles contra el presidente y vicepresidente del Estado. A diferencia del juicio político, que busca la destitución e inhabilitación, este proceso especial se activa cuando se les imputa la comisión de hechos punibles en el ejercicio de la función pública.
La Constitución Política de Bolivia establece que la Asamblea Legislativa debe autorizar el enjuiciamiento de los primeros mandatarios, pero este requisito se aplica únicamente cuando se encuentran en el ejercicio de sus funciones. Una vez que concluyen su periodo, ya no se requiere de esta autorización, tal como ocurrió en el caso de la expresidenta Jeanine Áñez.
Este criterio también ha sido adoptado en Ecuador, donde la Asamblea Nacional rechazó el pedido de enjuiciamiento contra los expresidentes Rafael Correa y Jorge Glas, argumentando que la autorización legislativa solo procede mientras se está en el cargo.
Según expertos, esta interpretación gramatical, sistemática y de unidad de la Constitución es la que debe seguir el legislador boliviano. El juicio de responsabilidades busca garantizar la gobernabilidad y el buen ejercicio del poder político, un imperativo que desaparece una vez que los mandatarios dejan sus funciones.
Sin embargo, este proceso judicial debe enmarcarse en el estricto cumplimiento de las garantías del debido proceso, en línea con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Solo de esta manera se podrá hacer efectiva la rendición de cuentas de los altos funcionarios, sin poner en riesgo la estabilidad institucional.
