El Concejo Metropolitano de Quito aprobó, en segundo debate, una ordenanza que regula el funcionamiento de los planes parciales, un instrumento de planificación urbana contemplado dentro del Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS). Sin embargo, la decisión ha generado una fuerte controversia política y social, especialmente por sus posibles efectos en proyectos inmobiliarios en Cumbayá, valle nororiental de la capital.
Desde la Comisión de Uso de Suelo, su presidente, Adrián Ibarra, aseguró que la ordenanza busca agilizar los procedimientos administrativos para la aprobación de planes parciales en todo el Distrito Metropolitano de Quito, sin beneficiar a sectores o iniciativas específicas. No obstante, concejales de oposición y organizaciones ciudadanas sostienen que la normativa incluye disposiciones "a la carta" para favorecer a un plan inmobiliario en Cumbayá.
El concejal Andrés Campaña, quien votó en contra, cuestionó la inclusión de una disposición reformatoria que, a su criterio, permitiría que un lote ubicado entre dos vías y con más de un uso de suelo sea declarado íntegramente como uso múltiple, lo que ampliaría las posibilidades de construcción. Según Campaña, esta excepción contraviene el marco legal, ya que el uso de suelo solo puede definirse a través del PUGS.
Desde la sociedad civil, Ricardo Buitrón, del Cabildo Cívico de Quito, fue aún más crítico. Sostuvo que el proyecto Botánico, en Cumbayá, se levantó en una zona de alto riesgo y protección ecológica, y que el cambio de uso de suelo que permitió su desarrollo ya fue observado por la Contraloría. Buitrón cuestionó que ahora se intente modificar nuevamente la normativa para permitir otros usos, como espacios comerciales o parques "disfrazados" de equipamiento urbano, evitando así la inversión de más de dos millones de dólares en una estación de transferencia de buses.
Frente a estas críticas, Ibarra aseguró que la obligación de construir la estación de transferencia sigue vigente y que la Secretaría de Movilidad analiza alternativas de ubicación que no afecten quebradas ni zonas protegidas. Sin embargo, la polémica en torno a esta ordenanza continúa, con voces que denuncian una gestión urbana con reglas flexibles para ciertos intereses privados.
