Tras más de cuatro décadas de lucha, los pobladores de El Mozote y sitios aledaños celebran un importante avance en la búsqueda de justicia por la masacre ocurrida en 1981. El Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, ha elevado el caso a la fase de plenaria, abriendo la posibilidad de que los responsables de este crimen de lesa humanidad enfrenten la justicia.
La masacre de El Mozote, perpetrada entre el 11 y 13 de diciembre de 1981 por miembros del Batallón Atlácatl de la Fuerza Armada de El Salvador, cobró la vida de más de 1.000 civiles, en su mayoría niños, niñas y adolescentes. Este hecho constituye uno de los episodios más cruentos de la guerra civil salvadoreña y permaneció impune durante décadas, gracias a la Ley de Amnistía General.
Sin embargo, la persistente lucha de las víctimas y organizaciones de derechos humanos, así como la anulación de dicha ley, han permitido que el caso avance finalmente hacia un proceso judicial. Según la resolución de la jueza, esta decisión representa "un avance importante en un proceso largamente obstaculizado" y es el resultado del "esfuerzo incansable de las víctimas y de quienes han acompañado su demanda legítima de justicia".
Enma Vigil, hija de una de las víctimas, expresó el sentir de los pobladores: "Cada año, la verdad es triste, pero igual tenemos que estar recordando lo que pasó en 1981. Nos sentimos tristes y no quisiéramos que esto volviera a pasar, porque la verdad nosotros estábamos pequeños, y necesitábamos a mi papá para seguir creciendo, pero lastimosamente la guerra nos quitó algo que jamás lo vamos a poder recuperar ni olvidar".
La procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, reconoció que el Estado salvadoreño sigue en "deuda profunda" con los pobladores de El Mozote, y llamó a los ministerios del Gobierno a acelerar la implementación de las medidas de reparación integral ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Este avance judicial representa un hito en la justicia transicional de El Salvador, y las víctimas y organizaciones acompañantes reafirman su compromiso de continuar la lucha por la verdad, la justicia y la reparación. Después de cuatro décadas, la esperanza de que los perpetradores de esta masacre enfrenten la justicia se vislumbra cada vez más cercana.
