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Judicatura de El Oro toma medidas de seguridad en dependencias

Judicatura de El Oro toma medidas de seguridad en dependencias

El Consejo de la Judicatura de la provincia de El Oro, Ecuador, ha implementado medidas de seguridad reforzadas en las dependencias judiciales de la región, especialmente en la ciudad de Pasaje y el resto de la provincia. Esta decisión se tomó como respuesta a una situación de inseguridad que ha afectado a algunos de estos recintos.

Según la información proporcionada, el Consejo de la Judicatura adoptó estas medidas de seguridad con el objetivo de proteger a los funcionarios, usuarios y a la infraestructura de los juzgados y tribunales de la provincia. Las acciones incluyen el incremento de la vigilancia policial, la instalación de cámaras de seguridad y controles de acceso más estrictos.

Las autoridades judiciales no han revelado detalles específicos sobre los incidentes que motivaron esta decisión, pero se sabe que en los últimos meses se han registrado algunos hechos de violencia y alteración del orden público en las cercanías de las dependencias judiciales de la zona. Esto habría generado preocupación entre los funcionarios y la ciudadanía, lo que llevó al Consejo de la Judicatura a tomar medidas preventivas.

"La seguridad de nuestros trabajadores y usuarios es una prioridad. Por eso hemos reforzado los controles y la vigilancia en nuestras sedes para garantizar el normal desarrollo de las actividades judiciales", declaró un portavoz del Consejo de la Judicatura de El Oro.

Estas medidas de seguridad se suman a otros esfuerzos que el Poder Judicial ha implementado en diferentes provincias del país para proteger a sus dependencias y personal ante la creciente ola de violencia que afecta a varias regiones de Ecuador.

Expertos en seguridad pública han destacado la importancia de estas acciones, ya que los juzgados y tribunales deben ser espacios seguros donde se pueda impartir justicia sin temor a incidentes que puedan interrumpir o entorpecer los procesos. Sin embargo, también señalan que se deben abordar las causas subyacentes de la inseguridad a nivel más amplio, mediante estrategias integrales de prevención del delito y fortalecimiento del Estado de derecho.

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