La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó recientemente la derogación de la Ley del Estatuto de Roma, que había permitido al país adherirse a la Corte Penal Internacional (CPI). Sin embargo, defensores de derechos humanos advierten que esta medida no exonera a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.
Gonzalo Himiob, director del Foro Penal, calificó la decisión como un "gesto simbólico" por parte de la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo. Por su parte, Lexys Rendón, coordinadora de la ONG Provea, señaló que se trata de un "legalismo autoritario" que busca evitar la rendición de cuentas por graves violaciones a los derechos humanos.
La derogación de la Ley del Estatuto de Roma no implica que Venezuela se retire de la CPI, pero sí elimina el marco legal que permitía a la Corte investigar y juzgar crímenes cometidos en el país. Sin embargo, expertos advierten que esto no exime a los responsables de dichos delitos de enfrentar la justicia.
"La derogación de esta ley no significa que los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela dejen de ser investigados y juzgados", explicó Himiob. "Los mecanismos de la Corte Penal Internacional siguen vigentes y pueden ser activados por otros Estados o por la misma Fiscalía".
Rendón, por su parte, señaló que la medida adoptada por la Asamblea Nacional es un intento por "blindar" a los responsables de violaciones a los derechos humanos en el país. "Es una señal de que el gobierno no tiene voluntad de rendir cuentas y de que continuará la impunidad", advirtió.
Cabe recordar que Venezuela se adhirió al Estatuto de Roma en 2000, lo que permitió a la CPI iniciar una investigación preliminar sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde 2017. Dicha investigación sigue en curso, a pesar de la reciente derogación de la ley.
Expertos en derechos humanos subrayan que la derogación de la Ley del Estatuto de Roma no implica que los responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela queden exentos de ser juzgados. La Corte Penal Internacional mantiene su jurisdicción y puede continuar con las investigaciones y procesos judiciales correspondientes.
