El programa Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondo Indígena o Fondioc) en Bolivia, creado en 2005 para impulsar el desarrollo de comunidades indígenas, se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción de las últimas décadas en el país.
Entre 2006 y 2014, el Fondo Indígena manejó un total de 3.197 millones de bolivianos (equivalentes a 460 millones de dólares), pero las investigaciones han revelado un panorama desolador de irregularidades, obras "fantasma" y transferencias a cuentas personales.
Los primeros indicios de corrupción surgieron en 2015, cuando se denunció un manejo irregular de los recursos. Investigaciones periodísticas documentaron casos insólitos, como el de un exsenador del partido gobernante MAS que recibió 800.000 dólares para hacer obras en una comunidad que no existe.
Aunque no hay una cifra oficial consensuada, el Ministerio Público estima un daño de 925 millones de bolivianos (132 millones de dólares) en desembolsos para al menos 3.500 proyectos, de los cuales ni la mitad habría sido concluido.
Tras años de investigaciones y procesos penales, la semana pasada se produjo un nuevo giro en el escándalo con la detención preventiva del expresidente Luis Arce, acusado de cinco delitos relacionados con transferencias presuntamente ilegales de recursos del Fondo Indígena. Según el Gobierno, Arce sería responsable de un desfalco de 360 millones de bolivianos (51,7 millones de dólares).
El exmandatario, quien se encuentra detenido en la cárcel de San Pedro en La Paz, ha negado las acusaciones y las ha calificado como "claramente políticas". Sin embargo, las investigaciones han expuesto una trama de corrupción que involucra a exautoridades y dirigentes vinculados al manejo del Fondo Indígena.
El caso ha generado un fuerte impacto político y social en Bolivia, evidenciando debilidades estructurales del sistema judicial que, a pesar de los años de investigaciones, no ha logrado esclarecer responsabilidades ni reparar el daño económico al Estado.
