El panorama electoral en Perú se ve ensombrecido por un escándalo que pone en duda la integridad de los próximos comicios. Según un informe de Perú21, al menos 16 precandidatos de 13 partidos políticos figuran en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), algunos con registros vigentes, otros suspendidos o excluidos.
Estos nombres pertenecen a partidos como Perú Libre, Partido del Buen Gobierno, Acción Popular, Partido Morado, Fe en el Perú, Apra, Podemos, Fuerza Popular, Partido Demócrata Verde, Somos Perú, Renovación Popular, Perú Primero y Juntos por el Perú. Lo más preocupante es que los propios partidos han aceptado presentar a estos candidatos, revelando que el aporte de la minería ilegal a la política es evidente.
El Reinfo nació como un régimen excepcional para que los mineros informales se formalicen, pero en muchos casos se ha convertido en un refugio para operar en la zona gris, mientras se presiona por nuevos plazos. La minería ilegal deja un rastro de deforestación, contaminación, crimen y violencia en el país.
Pese a las críticas de gremios que advierten que seguir pateando la formalización solo fortalece la informalidad y debilita la autoridad del Estado, el Congreso aprobó en primera votación extender el Reinfo hasta diciembre de 2026.
Que personas con registros vigentes, suspendidos o excluidos del Reinfo busquen hoy una curul no es un detalle administrativo, sino un conflicto de interés directo. ¿Quién puede creer que, ya en el Congreso, no intentarán influir en normas sobre fiscalización, sanciones o nuevas ampliaciones? Mejor que se presenten los extorsionadores y sicarios que vienen causando tanto daño al país, así promulgarán leyes que los exoneren de ser castigados.
Por eso, esta elección exige una línea mínima clara: por quiénes no debemos votar. No deberíamos votar ni apoyar a los partidos políticos que tienen en sus listas personajes vinculados a la minería ilegal, extorsión y sicariato. El próximo Congreso debería estar conformado por profesionales y técnicos con conocimiento de los problemas del país, y no por los "mochasueldos, violadores, y con investigaciones en Fiscalía" que actualmente lo integran.
La informalidad y la ilegalidad no se combaten con discursos, sino con reglas claras y autoridades sin ataduras y con mano dura. No premiar en las urnas a quienes hicieron del atajo su modo de operar. Un Congreso capturado por la minería informal o ilegal erosiona la institucionalidad e hipoteca el futuro del país. El próximo Congreso tiene la oportunidad de marcar un rumbo diferente, pero eso dependerá de las decisiones de los votantes en las próximas elecciones.
