El Ministerio de Defensa de Colombia se encuentra envuelto en un escándalo luego de que se revelaran denuncias sobre la posible interferencia política en operaciones militares por parte de la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta.
Según información publicada por la revista Semana, ocho generales, cinco en servicio activo y tres en retiro, habrían presentado una denuncia en la que acusan a Zuleta y a personas de su círculo cercano de haber presionado para frenar operativos contra organizaciones vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal en diferentes regiones del país.
Las acusaciones apuntan a que la senadora habría realizado llamadas telefónicas a altos mandos militares, así como a familiares y asesores, solicitando detener combates contra presuntos miembros de las disidencias de las FARC y organizaciones delincuenciales que operan en Antioquia.
En respuesta a estas denuncias, el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, convocó de urgencia a la cúpula de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional para "abrir investigaciones y establecer responsabilidades" sobre estos hechos, que ponen en entredicho la gestión del ministerio.
Según un comandante que desempeñó funciones en Antioquia, la presión ejercida por la senadora Zuleta generaba un ambiente "incómodo" y temor a represalias, ya que su influencia en las decisiones del presidente Gustavo Petro y del entonces ministro Iván Velásquez, antecesor de Sánchez, podría afectar la carrera profesional de los militares.
Lo más delicado del caso es la afirmación de los generales consultados, quienes indicaron que el 17 de julio de 2023, en Ituango, Zuleta solicitó a un oficial de las Fuerzas Militares que detuviera un enfrentamiento con los frentes 18 y 36 de las disidencias de las FARC, argumentando que las tropas atacaban a mineros. Sin embargo, los militares informaron que los supuestos mineros portaban armas, vestían uniforme y estaban acompañados por menores de edad.
Hasta el momento, el Ministerio de Defensa no ha entregado detalles adicionales sobre las medidas que podrían adoptarse, mientras avanzan las verificaciones para esclarecer los hechos y determinar si hubo o no injerencias indebidas en las operaciones de la fuerza pública. Todo esto ocurre en un contexto en el que la gestión de Sánchez al frente de la dependencia estatal afronta duras críticas, entre ellas por la muerte de menores de edad en bombardeos.
