La ex presidenta municipal de Amanalco, Estado de México, María Elena Martínez Robles, ha sido hallada responsable del delito de homicidio cometido en contra de dos personas que se desempeñaban como síndico municipal y chofer. Según las investigaciones de las autoridades, la mujer habría ordenado el crimen a integrantes de un grupo criminal con orígenes en Michoacán, presuntamente la Familia Michoacana.
El 14 de diciembre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la responsabilidad penal de Martínez Robles en este caso de doble homicidio, ocurrido en enero de 2023. Las víctimas, identificadas como G.J.R. y M.A.L.C., habrían recibido la instrucción de la entonces presidenta municipal de ir a una zona de alto riesgo, dominada por grupos delictivos, de la cual no regresaron con vida.
Según el informe de la FGJEM, "el Agente del Ministerio Público estableció que María Elena Martínez Robles ordenó de manera directa a integrantes de un grupo criminal con orígenes en Michoacán, que privaran de la vida al Síndico municipal". La intención del doble homicidio, de acuerdo con los registros, era mantener el control de las decisiones dentro de la administración municipal.
Martínez Robles será sometida a una audiencia de individualización de sanciones el próximo 16 de diciembre. Su arresto se dio en el marco de la denominada Operación Enjambre, un operativo en el que han sido detenidos 16 objetivos criminales, de los cuales 10 ya tienen sentencia condenatoria.
Uno de los sujetos ya condenados es Luis Ángel Nicolás Santos, quien se desempeñaba como Director de Seguridad Pública de Tlatlaya. Nicolás Santos fue hallado culpable del delito de secuestro exprés y deberá pasar 50 años en prisión. Además, fue identificado como una persona relacionada con grupos delictivos, incluyendo a José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias "El Fresa", uno de los líderes de la Familia Michoacana.
Este caso pone de manifiesto la grave infiltración del crimen organizado en las administraciones municipales del Estado de México, y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas para evitar que funcionarios públicos se vean involucrados en actividades ilícitas.
