El informe Poder Popular Bajo Ataque 2025 del Monitor Cívico reveló que El Salvador ha sido degradado de "Obstruido" a "Reprimido", la segunda peor categoría en cuanto a libertades cívicas. Esta es la primera vez que el país centroamericano recibe esta calificación, uniéndose a un grupo que incluye a Colombia, Guatemala, Haití, Honduras, México y Perú.
Según el informe, la rápida erosión de los derechos en El Salvador se debe al uso permanente de poderes de emergencia y la militarización por parte del gobierno de Nayib Bukele. Desde su primer mandato, el presidente ha gobernado bajo un estado de excepción que suspende las garantías constitucionales y concentra un poder sin precedentes en el Ejecutivo.
La investigadora del Monitor CIVICUS, Ana María Palacios Briceño, señaló que la complicidad de Estados Unidos, que ha brindado respaldo político al modelo represivo de Bukele, también ha contribuido a la consolidación del proyecto autoritario en el país.
El informe destaca la persecución sistemática de activistas y periodistas, con casos alarmantes de detención y criminalización. Organizaciones de derechos humanos como Cristosal se vieron obligadas a cerrar tras años de vigilancia, amenazas judiciales e intimidación, mientras que más de 50 periodistas han huido al exilio.
La aprobación de la reelección presidencial indefinida y la Ley de Agentes Extranjeros, que asfixia a la sociedad civil, son otros de los elementos que reflejan la erosión de las instituciones democráticas en El Salvador.
El país se suma a otros 14 naciones en el mundo donde la situación de las libertades cívicas se ha deteriorado, según el informe del Monitor CIVICUS.
