El Ministerio Público de República Dominicana reveló que el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazím Albainy, recibía beneficios como vehículos de alta gama de parte de empresarios antes de asumir su cargo. Esto formaba parte de una estructura fraudulenta que se benefició del presupuesto de la institución pública.
Según el expediente de solicitud de medidas de coerción, Hazím Albainy también había establecido compromisos económicos que cumpliría una vez que asumiera el control de SeNaSa. La investigación reveló que el exfuncionario tenía antecedentes relacionados con operaciones ilícitas de empresas de su propiedad y personas vinculadas, que actuaron como un frente para cometer maniobras fraudulentas en perjuicio del Estado.
La Procuraduría General de la República sostiene que el entramado delictivo diseñado e implementado por Hazím Albainy y sus colaboradores generó un grave daño patrimonial al Estado dominicano, al desviar fondos públicos destinados a garantizar la atención médica y la cobertura de salud de la población más vulnerable.
Las evidencias recopiladas por el Ministerio Público demuestran múltiples esquemas fraudulentos, como manipulación de procesos de contratación y compras, falsificación de estados financieros, creación de programas ficticios y privatización irregular de servicios. Estas prácticas habrían quebrantado principios de transparencia, integridad y buena administración, afectando la confianza pública en el sistema de seguridad social.
El expediente detalla que la red criminal liderada por Hazím Albainy inició formalmente tras su designación como director ejecutivo de SeNaSa en agosto de 2020. Desde entonces, se rodeó de un círculo cercano de colaboradores con quienes diseñó un sistema de corrupción institucionalizada, caracterizado por la recepción de sobornos y el desvío de fondos públicos.
El Ministerio Público concluye que este entramado delictivo no solo generó un grave daño patrimonial al Estado, sino que también vulneró los derechos fundamentales de miles de afiliados del sistema de seguridad social, al comprometer los recursos destinados a garantizar su atención médica.
