El Ministerio Público de República Dominicana expuso en su expediente acusatorio que dentro del presunto entramado de corrupción desmontado mediante la "Operación Cobra", el exdirector jurídico del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Germán Rafael Robles Quiñones, habría asumido el rol de receptor principal de sobornos tras la salida de uno de los señalados, investigado en el caso Calamar.
Según el expediente, el entramado habría operado a partir de contratos irregulares entre SeNaSa y la empresa Nutrimed Marine Alvarado SRL, posteriormente llamada Nutri-med CAS, mediante los cuales se distribuía un porcentaje fijo de sobornos sobre el monto pagado por el programa de suplementación nutricional para adultos mayores.
El Ministerio Público afirma que la imputada Cinty Acosta Sención entregaba mensualmente un 30% del monto bruto recibido a Robles Quiñones, un pago que "era exigido con carácter inmediato".
La acusación sostiene que Robles Quiñones recibió más de 536 millones de pesos dominicanos (equivalente a aproximadamente $10.7 millones) en efectivo, entregados directamente por Acosta Sención en diferentes lugares, como residencias, oficinas y otros puntos acordados. Esto habría garantizado la continuidad del esquema de sobornos, según el Ministerio Público.
Antes de que el esquema migrara a contratos simulados, las entregas iniciales habrían incluido sumas de hasta 100 millones de pesos en efectivo, cifra que, según el Ministerio Público, fue entregada a través de José Pablo Ortiz Giráldez para luego ser distribuida.
La acusación también destaca que el exdirector ejecutivo de SeNaSa, Santiago Hazim, habría recibido el 90% de los sobornos, en dólares estadounidenses.
El Ministerio Público afirma que el esquema de corrupción se reacomodó internamente tras complicaciones legales enfrentadas por Ortiz Giráldez, momento en el que Robles Quiñones habría asumido completamente la función de recibir los pagos ilegales.
