El Tribunal Supremo de Cuba ha condenado al exministro de Economía Alejandro Gil (2018-2024) a cadena perpetua y 20 años de prisión por una serie de delitos que incluyen espionaje, cohecho y tráfico de influencias.
En el primer proceso, Gil fue declarado "responsable de los delitos de espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación; así como de cohecho, sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial", además de por la "violación de los sellos oficiales e infracción de las normas de protección de documentos clasificados". Por estos cargos, los magistrados le impusieron la pena máxima de cadena perpetua.
En el segundo juicio, el tribunal consideró que el exministro cometió los delitos de "cohecho de carácter continuado (...) falsificación de documentos públicos; así como tráfico de influencias y evasión fiscal, ambos de carácter continuado". Por estos delitos, Gil recibió una condena de 20 años de prisión.
Según el comunicado del Tribunal Supremo, Alejandro Gil "mediante un actuar corrupto y simulador, se aprovechó de las facultades" de su cargo "para obtener beneficios personales, recibiendo dinero de firmas extranjeras y sobornando a otros funcionarios públicos". Además, el alto tribunal afirma que el exministro "engañó a la dirección del país y al pueblo que representaba" y puso "información oficial clasificada (...) a disposición de los servicios del enemigo".
El Tribunal Supremo ha calificado a Gil de tener "una degradación ética, moral y política que lo hacen merecedor de una respuesta penal severa", por lo que recibirá una "sanción conjunta y única" tras la resolución de los recursos que sean presentados.
Esta contundente sentencia refleja la determinación de las autoridades cubanas en combatir la corrupción de alto nivel en el país. La condena del exministro de Economía, una figura clave del gobierno, envía un fuerte mensaje de que nadie está por encima de la ley.
