La diputada federal Aracely Cruz Jiménez, representante del Partido del Trabajo (PT), ha denunciado públicamente haber sido víctima de intimidaciones y amenazas por parte de Lucía Jazmín Torres Castillo, quien actualmente se desempeña como encargada de despacho de la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal de Oaxaca. A través de una conferencia de prensa, la legisladora solicitó formalmente la implementación de medidas de protección urgentes para garantizar la seguridad personal, la de sus colaboradores y la de su núcleo familiar.
De acuerdo con el testimonio de Cruz Jiménez, estas situaciones de hostigamiento se derivaron de una serie de encuentros sostenidos entre los meses de julio y noviembre. En dichas reuniones, la diputada acompañaba a las autoridades electas de San Juan Mazatlán, quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad institucional. A pesar de contar con una resolución favorable emitida por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral, las autoridades estatales aún no han procedido a realizar la acreditación correspondiente de dichos funcionarios electos.
La legisladora detalló que las intimidaciones se manifestaron en dos encuentros específicos. El primero ocurrió tras el nombramiento de Lucía Jazmín Torres Castillo como encargada de despacho de la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal, cargo que fue oficializado el 5 de noviembre. Durante esta primera sesión, la diputada relató haber sido informada sobre presuntos vínculos entre el padre de la funcionaria y el crimen organizado, específicamente relacionándolo extraoficialmente con el crimen de la activista mixe Sandra Domínguez y su esposo.
Según lo narrado por Cruz Jiménez, en ese encuentro Torres Castillo habría admitido que su progenitor recibió al líder de un grupo criminal hegemónico en la región dentro de su propio domicilio. La funcionaria habría asegurado que existen evidencias físicas de este encuentro, mencionando que la madre de Torres Castillo contaba con cámaras de seguridad que capturaron y fotografiaron al líder criminal durante su visita.
La situación se agravó en una reunión posterior, en la cual Lucía Jazmín Torres Castillo actuó en calidad de representante del secretario de Gobierno, Jesús Romero López. En esta ocasión, la diputada federal refirió haber sido intimidada directamente por la funcionaria. Además de las amenazas, Torres Castillo habría negado el triunfo en las urnas a las autoridades de San Juan Mazatlán, ignorando el proceso electoral y la resolución judicial previamente mencionada.
Ante este escenario, Aracely Cruz Jiménez expresó su profunda preocupación por la vulnerabilidad de quienes se dedican al acompañamiento de causas sociales y a la defensa de los derechos de las comunidades indígenas. La legisladora enfatizó que, hasta el momento, no cuenta con garantías efectivas de protección, a pesar de haber solicitado el apoyo de la Guardia Nacional y de diversas instancias federales. "Yo no quiero ser un número más y no quiero que me maten. Por eso lo vengo a denunciar", manifestó la diputada durante su intervención.
Como medida inmediata, Cruz Jiménez anunció que hará entrega de grabaciones y diversos elementos probatorios al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. La legisladora solicitó la intervención directa de Harfuch para asegurar que ella, su equipo de trabajo y sus familiares cuenten con la protección necesaria frente a las amenazas recibidas.
Paralelamente a las denuncias por intimidación, el nombramiento de Lucía Jazmín Torres Castillo ha generado una fuerte controversia respecto a los criterios de selección de personal en la administración del gobernador Salomón Jara. El cuestionamiento central radica en la limitada trayectoria profesional de la funcionaria. Según los registros, Torres Castillo obtuvo su título de licenciada en Derecho en noviembre de 2025 y recibió su cédula profesional en mayo de 2026, apenas unos meses antes de asumir la responsabilidad de la Subsecretaría.
Esta falta de experiencia documentada en la administración pública ha provocado críticas, ya que el cargo de encargada de despacho de la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal exige capacidades avanzadas en negociación política, atención de conflictos sociales y coordinación directa con los diversos municipios del estado. A este debate se suma la revelación de su remuneración mensual, la cual asciende a 43 mil pesos, cifra que ha intensificado las dudas sobre la designación realizada por el secretario de Gobierno, Jesús Romero López.
