Ecuador atraviesa actualmente un periodo de profunda inestabilidad que pone en riesgo la estabilidad institucional y democrática del país y del continente. Bajo la gestión del presidente Daniel Noboa, se ha instaurado un clima de restricción de derechos y represión judicial, caracterizado por el uso del lawfare como herramienta de gobierno. Esta situación se ha intensificado ante la proximidad de las elecciones seccionales, programadas para el 29 de noviembre de 2026, en las que el Ejecutivo ha utilizado el aparato estatal y la judicatura para neutralizar a la Revolución Ciudadana, la principal fuerza de oposición.
Un punto crítico de esta deriva es la detención de Luisa González, excandidata presidencial, quien fue arrestada la madrugada del 22 de octubre. Su detención se produce en el marco del caso denominado Laberinto o Caja Chica, basada en acusaciones de la Fiscalía por presunta delincuencia organizada y lavado de activos relacionados con fondos de campaña. Este hecho ocurre después de que el Tribunal Contencioso Electoral, el 12 de septiembre de 2026, ratificara la negativa a inscribir su candidatura a la Prefectura de Manabí, donde se había presentado por el movimiento Pachakutik.
La situación de González se ha agravado tras el rechazo de diversas acciones de hábeas corpus, mediante las cuales la dirigente solicitaba defenderse en libertad, argumentando la incompetencia del juez y su condición de madre soltera. Actualmente, se encuentra recluida en la cárcel de Riobamba, en lo que se describe como una vulneración de garantías que se suma al ensañamiento contra el estado de salud del exvicepresidente Jorge Glas.
Para contrarrestar la movilización social liderada por organizaciones sindicales de la UNE, el Frente Popular y el movimiento indígena bajo la dirección de Leonidas Iza, el gobierno ha implementado tácticas de guerra cognitiva. Recientemente, se difundió la noticia falsa sobre la liberación de Luisa González con el objetivo de desorientar a los manifestantes y desmovilizar las marchas dirigidas hacia la capital.
En un análisis sobre este panorama, la socióloga e internacionalista Irene León, coordinadora de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (REDH), señala que Ecuador ha pasado de un proceso de transformación orientado al "Buen Vivir" a una agenda puramente defensiva. Según León, la ciudadanía y los movimientos sociales ahora deben centrarse en la defensa de derechos humanos básicos, el cese de la represión y el fin del hostigamiento contra periodistas y dirigentes populares, dejando de lado la formulación de propuestas a futuro.
En el ámbito social y económico, León sostiene que el país ha sufrido un retroceso significativo. Las necesidades básicas en seguridad, salud y servicios públicos han sido desatendidas por una gestión gubernamental enfocada en la austeridad y la represión. Ante el cierre autoritario y la manipulación del calendario electoral —incluyendo la suspensión de organizaciones como Revolución Ciudadana—, las bases sociales han respondido con resistencia activa y movilizaciones en las calles.
La analista enfatiza que el Poder Judicial ha dejado de ser un órgano imparcial para convertirse en un brazo operativo del poder, utilizado para el disciplinamiento y la represalia política. Esto es evidente en la denegación de garantías para figuras como Luisa González y Jorge Glas, cuya liberación es hoy una prioridad en la agenda de los movimientos sociales.
A nivel internacional, el escenario también es complejo. Mientras la Asamblea General de la ONU mostró un rechazo mayoritario al bloqueo contra Cuba, Venezuela ha enfrentado un bloqueo financiero que le impidió ejercer su derecho al voto en dicho organismo. No obstante, se ha mantenido el derecho a la palabra para defender la autodeterminación y denunciar las sanciones coercitivas unilaterales.
Finalmente, se destaca la gravedad de la operación militar estadounidense del 3 de enero, que resultó en el secuestro y traslado forzoso del presidente venezolano Nicolás Maduro y de la diputada Cilia Flores a una prisión en Estados Unidos. Irene León califica este acto como una operación de lawfare internacional, subrayando que Maduro goza de inmunidades según el derecho internacional y que los argumentos iniciales sobre el «Cártel de los Soles» fueron desestimados por la propia judicatura estadounidense. Este evento es visto como una violación a la soberanía venezolana que altera la relación de fuerzas en América Latina y afecta los procesos de integración y transformación de la región.
