Un documento rotulado como "reservado y de distribución controlada", conocido como el "informe de empalme", ha revelado una serie de hallazgos críticos sobre la gestión de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el gobierno de Gustavo Petro. El informe, compuesto por 26 páginas y fechado en julio de 2026, detalla presuntas actividades de espionaje, irregularidades presupuestales y la vinculación de personal con antecedentes judiciales en la agencia de inteligencia de la Presidencia.
Uno de los puntos más alarmantes del documento indica que la DNI planeó la instalación de micrófonos y sistemas de GPS en los vehículos destinados a la seguridad de los expresidentes y exvicepresidentes de la República. Para lograr este objetivo, el gobierno habría expedido el decreto 0563 del 3 de junio de 2026, delegando a la DNI la función de participar en la asignación de los vehículos para los esquemas de protección, tarea que normalmente corresponde al Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección. Según el informe, esta medida buscaba establecer un control de inteligencia sobre los exmandatarios, ya que una entidad de inteligencia no posee razones técnicas para asignar vehículos.
Al respecto, Juan Carlos Restrepo, exconsejero de seguridad nacional y exinspector de la DNI, afirmó que estas acciones se encuentran fuera del marco de competencias y del campo de acción de la entidad, señalando que intervenir los vehículos de expresidentes es una actividad expresamente prohibida.
El informe también describe la existencia de una "casa de inteligencia clandestina" ubicada cerca de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Esta vivienda, utilizada como sede operativa no registrada en los libros oficiales, habría sido desocupada tras las elecciones presidenciales, borrando cualquier registro de su existencia. Asimismo, se advierte sobre una presunta infiltración de malware ruso en computadores y celulares entregados a agentes de la DNI que viajaron a Moscú para capacitarse con el SVR, el servicio secreto ruso, con el fin de espiar al siguiente gobierno.
En el ámbito presupuestal, el documento reporta la compra de un helicóptero no tripulado (dron) por un valor de 9.000 millones de pesos, cifra que se califica como sobrevalorada. El aparato, destinado a la recolección de imágenes y video, presentó fallas críticas en los sistemas de comunicación, combustible, motor y gearbox, lo que llevó a la cancelación de sus vuelos de prueba. Además, se revela que el dron sufrió un siniestro el 15 de marzo y que solo estaba asegurado por el 10 por ciento de su valor real. El informe concluye que la presencia de un equipo con capacidades de interceptación de señales en una entidad presuntamente usada para fines políticos representa un problema de seguridad nacional.
Otras irregularidades incluyen la compra de tres equipos antidrones por 8.340 millones de pesos, instalados en camionetas Tahoe 2024 destinadas a la casa presidencial, las cuales presuntamente contaban con capacidad de interceptación de comunicaciones. También se mencionan compras fallidas, como un sistema de detección biométrica de 580 millones de pesos que resultó incompatible con los equipos de la entidad, y la adquisición de computadores de baja calidad. Incluso se reportan gastos exorbitantes en dotación para la sede de Funza, como atriles de 14 millones y camas de 18 millones de pesos.
Un capítulo central del informe es la vinculación de Carlos Oyola, un ingeniero de sistemas que trabajó en la DNI desde febrero de 2024. Según los documentos, Oyola habría hackeado entidades del Estado y liderado una red para intentar cambiar los resultados de las votaciones y ejecutar ataques contra la Registraduría. Lo más grave es que Oyola contaba con una orden de captura vigente desde mayo de 2026 por acceso abusivo informático, falsedad en documento público y fraude procesal, tras haber falsificado notas académicas en la UNAD. A pesar de esto, permaneció vinculado a la DNI, recibiendo protección de la agencia para eludir a la justicia hasta su captura el 6 de noviembre.
El informe menciona además que Oyola mantuvo reuniones con la fiscal general Luz Adriana Camargo y estuvo a cargo del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia (Siic versión 2), plataforma que nunca fue entregada bajo la excusa del hurto de un equipo de cómputo, hecho que no fue denunciado ante la Fiscalía.
Finalmente, el documento expone una estrategia para obligar a la nueva administración a reintegrar a personal de confianza del gobierno Petro, mediante declaratorias de insubsistencia sin justificación para que luego fueran reinstalados vía judicial. Hasta el momento, los exdirectores de la DNI, Rafael Guarín y Jorge Lemus, así como la fiscal Luz Adriana Camargo, no han emitido respuesta a las solicitudes de información sobre estos hallazgos.
