Sofía y Antonella Petro, hijas del expresidente Gustavo Petro, se han pronunciado públicamente a través de una carta abierta en relación con las graves denuncias que pesan sobre su padre. En el documento, las hermanas abordan la situación desde cuatro perspectivas distintas: como feministas, como militantes de izquierda, como mujeres de izquierda y, finalmente, como hijas.
En su faceta como feministas, Sofía y Antonella enfatizaron que es su deber exigir que las denuncias de las mujeres sean tomadas con seriedad y que las víctimas reciban la protección necesaria. El texto rechaza explícitamente el linchamiento, las burlas, la revictimización y la retórica misógina dirigida hacia la denunciante. Según las hermanas, no adoptar esta postura sería validar las respuestas misóginas que suelen activarse sistemáticamente ante las denuncias de las mujeres, un precedente que consideran inaceptable. Asimismo, solicitaron que las investigaciones avancen con celeridad y se realicen bajo una perspectiva de género.
Desde su posición como militantes de izquierda, las hermanas sostuvieron que es posible defender sus principios feministas mientras analizan, sin ingenuidad, el contexto político de la denuncia. Afirmaron que el país enfrenta una fuerza política que busca el desmonte de los derechos LGBTIQ y los avances en igualdad de género, y que este sector, junto a los poderes que lo respaldan, intenta instrumentalizar la lucha feminista. Ante esto, fueron tajantes al escribir: “no les seremos útiles”.
Como mujeres de izquierda, manifestaron que no sienten vergüenza por haber apoyado un gobierno que, a su juicio, logró los mayores avances sociales en la historia reciente del país, destacando la reducción de la pobreza y la implementación de políticas públicas con enfoque de género. Argumentaron que un gobierno representa a millones de personas y no a un solo individuo, por lo que consideran fundamental exigir autocrítica y activar procesos internos en el partido, sin ceder ante los llamados de la ultraderecha.
Finalmente, en su rol de hijas, Sofía y Antonella expresaron su confianza en que su padre comparecerá ante la justicia sin dilaciones, señalando que dicha respuesta es responsabilidad exclusiva de él. Revelaron que Gustavo Petro ha recibido críticas feministas y señalamientos sobre comportamientos machistas dentro del hogar, incluso antes de su gobierno. Aunque aseguraron que estarán al lado de él, aclararon que no renunciarán a sus posiciones éticas y políticas. Sobre el escrutinio público, mencionaron que la vida de su padre ha sido examinada minuciosamente durante décadas sin que se haya comprobado ningún hecho de corrupción, razón por la cual confían en su respeto por el erario público, aunque admitieron que es la justicia quien debe determinar la verdad.
El origen de esta controversia se remonta al 25 de octubre de 2026, cuando la revista Semana publicó una entrevista con Deicy Jiménez. En ella, Jiménez afirmó haber conocido a Petro en 2019 a través de una página de citas para adultos, encontrándose posteriormente en un hotel de Cali. La denunciante sostiene que, a cambio de favores sexuales, fue vinculada mediante contratos en el Congreso, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Además, Jiménez mencionó la existencia de una red de entre 30 y 40 mujeres, mayoritariamente jóvenes, que habrían sido contratadas bajo la misma modalidad.
Ante estas acusaciones, Gustavo Petro negó los hechos a través de la red social X, asegurando que jamás entregó contratos a cambio de relaciones sexuales ni cometió delitos en sus vínculos afectivos. Atribuyó las denuncias a una operación política vinculada al Gobierno de Abelardo de la Espriella, aunque no presentó pruebas públicas de tal afirmación.
El caso ha avanzado con la presentación de diversas pruebas. El 4 de noviembre, Jiménez publicó un video que, según ella, prueba el encuentro con Petro. Esta prueba fue cuestionada por María Paula Fonseca, exsubgerente de RTVC, quien señaló que el material no prueba el pago de servicios sexuales mediante contratos públicos. Por otro lado, se reveló un chat en el que Petro habría instruido a Angie Rodríguez, entonces directora del Dapre, para mantener un contrato de Jiménez en el Ministerio del Interior por más de 11 millones de pesos mensuales.
El abogado defensor de Petro, Alejandro Carranza, ha calificado los señalamientos como un montaje y ha anunciado acciones judiciales respecto a una certificación laboral de HispanTV que presuntamente fue usada por Jiménez, documento que el canal negó haber emitido.
En el ámbito judicial, Deicy Jiménez ratificó sus acusaciones el 29 de octubre ante el magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, quien ordenó una inspección en la Secretaría del Senado. Asimismo, la denunciante entregó su teléfono celular para una copia espejo en la Fiscalía. Actualmente, la Procuraduría ha abierto una indagación previa y el partido Salvación Nacional ha presentado una denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
