Ante la dificultad de avanzar por tierra en el este de Ucrania, Rusia ha intensificado su guerra aérea con un objetivo claro: destruir la economía ucraniana. Analistas advierten que el Kremlin está golpeando la infraestructura energética con mayor intensidad y antelación que en años anteriores.
Un panel independiente de la ONU ha concluido que Rusia cometió crímenes de guerra y de lesa humanidad al atacar deliberadamente sistemas energéticos vitales durante el crudo invierno de 2025 y 2026. Esta estrategia es sistemática; el ataque a plantas siderúrgicas en Kryvyi Rih y Zaporiyia ha forzado cierres que golpean directamente los salarios y la base tributaria del país. Además, los ataques ahora ocurren frecuentemente durante el día para interrumpir la actividad empresarial y gubernamental.
El costo humano es alarmante. En lo que va de 2026, más de 2,700 civiles han muerto, la cifra más alta desde los primeros meses del conflicto. Uno de los incidentes más mortíferos fue el bombardeo a una escuela utilizada como refugio en Zaporiyia, donde murieron al menos 55 personas.
Con la llegada del invierno, la situación se agrava. Millones de ucranianos enfrentan la falta de calefacción y electricidad mientras el país lidia con una escasez de interceptores Patriot para frenar los misiles balísticos y drones rusos.
Por su parte, Ucrania ha respondido atacando empresas de producción de armas y aeródromos militares dentro de Rusia. Sin embargo, la presión económica es extrema; el Comité Internacional de Rescate reporta que, ante la falta de recursos, algunos agricultores arriesgan sus vidas trabajando en tierras contaminadas con minas para poder sobrevivir.
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