El escenario financiero y laboral en Paraguay se ha visto sacudido tras el inicio del proceso de resolución de Ueno Bank, una medida dispuesta por el Banco Central del Paraguay (BCP). Esta intervención no solo afecta la operatividad de la entidad bancaria, sino que ha desencadenado una crisis social y económica que impacta directamente en el sustento de miles de familias, quienes hoy se enfrentan a la incertidumbre de haber perdido sus puestos de trabajo.
La magnitud del impacto laboral es considerable y se extiende más allá de la estructura organizativa inmediata del banco. Si bien el personal contratado de manera directa por Ueno Bank ascendía a aproximadamente 490 personas, la situación es mucho más grave cuando se analiza el ecosistema empresarial vinculado al Grupo Vázquez. Según los datos disponibles, este conglomerado, que agrupa a unas 37 empresas distintas, empleaba a un total de 4.621 trabajadores.
Esta cifra revela la escala del golpe recibido por la fuerza laboral vinculada al grupo. Miles de personas se encuentran ahora en una situación de vulnerabilidad extrema, habiendo quedado prácticamente sin una fuente de ingresos. A la pérdida del empleo se suma una complicación financiera adicional y angustiante: diversos trabajadores reportan que no han podido acceder al dinero que tenían depositado en sus cuentas, lo que agrava la precariedad de su situación actual.
Ante este penoso contexto, ha surgido una respuesta desde el ámbito legal para intentar proteger a los afectados. Óscar Godoy, abogado especialista en materia laboral, ha manifestado su disposición para brindar apoyo a aquellos trabajadores que, como consecuencia de la resolución dispuesta por el ente bancario, han quedado sin percibir sus salarios. El profesional ha puesto a disposición de los damnificados sus servicios de asesoría jurídica de manera gratuita, con el objetivo de que puedan hacer valer sus derechos fundamentales.
En declaraciones brindadas a este medio, Godoy subrayó un punto fundamental que todo trabajador debe comprender: los derechos laborales son irrenunciables. En este sentido, instó a los empleados a no actuar impulsivamente y a manejar con precisión un cálculo de las sumas que les corresponden, basándose estrictamente en el salario que percibían y su antigüedad en la empresa. Asimismo, el abogado resaltó la importancia de identificar correctamente quién era su patronal legal, ya que, debido a la existencia de numerosas empresas tercerizadas relacionadas con el grupo, es vital saber a quién dirigir formalmente el reclamo.
La orientación brindada por el abogado Godoy también incluye una advertencia crítica sobre la firma de documentos. El profesional precisó que ningún trabajador está obligado a firmar ningún tipo de acuerdo o documento sin haber recibido previamente la asesoría de un abogado. Es imperativo que los empleados manejen datos claros y documentados sobre sus salarios, el goce de vacaciones, los aportes al seguro social y su condición de estabilidad laboral antes de realizar cualquier trámite administrativo.
Desde una perspectiva técnica, Godoy explicó que la terminación de la relación laboral en este caso ha sido inesperada y carente de las gestiones habituales que exige la ley. Según detalló el jurista, la empresa en cuestión no ha iniciado trámite alguno ante el Ministerio del Trabajo, omitiendo los pasos necesarios ya sea para suspender los contratos o para finalizar la relación laboral bajo las causales establecidas en el Artículo 78 del Código Laboral, tales como quiebra o incapacidad económica. Debido a esta omisión procesal, el abogado señaló que podría estarse enfrentando a un escenario de despido injustificado.
Finalmente, Óscar Godoy recomendó que los trabajadores actúen de manera coordinada y rápida, sugiriendo que se agrupen para fortalecer sus reclamos. El abogado recordó un aspecto legal clave: los créditos laborales poseen un carácter "privilegiado". Esto significa que, en el orden de prelación de pagos, las obligaciones con los trabajadores están por encima de cualquier otro tipo de crédito. Por lo tanto, en el marco de una resolución, finalización o liquidación del banco, los créditos laborales deben ser honrados en primer lugar, garantizando así que el sustento de los trabajadores sea la prioridad absoluta en el proceso de cierre o reorganización.
