El Gobierno de Estados Unidos ha endurecido su postura frente a los funcionarios y exfuncionarios del Estado ecuatoriano señalados por actos de corrupción. Esta estrategia se ha materializado en la declaración de "inelegibilidad" para ingresar al territorio estadounidense de diversas figuras prominentes de la política nacional, una medida adoptada bajo disposiciones que permiten restringir el acceso a extranjeros vinculados con actos de corrupción significativa. Entre los nombres más destacados que enfrentan estas restricciones se encuentran los expresidentes Abdalá Bucaram y Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y el exasambleísta Pablo Muentes.
El caso del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz se remonta a marzo de 2022, momento en el que Washington lo incluyó en la lista de personas consideradas inelegibles para ingresar a su país. Esta decisión se fundamentó en su presunta participación en actos significativos de corrupción, extendiéndose la restricción migratoria también a sus familiares directos. Bucaram, quien gobernó Ecuador entre 1996 y 1997, vio terminado su mandato prematuramente luego de que el Congreso ecuatoriano declarara su incapacidad mental para desempeñar el cargo. Años después de dejar el poder, Bucaram continuó enfrentando diversos procesos judiciales en Ecuador. Recientemente, en septiembre de 2026, fue sentenciado a nueve años y cuatro meses de prisión en relación con el caso conocido como Pruebas COVID-19.
Por otro lado, el expresidente Rafael Correa fue declarado inelegible para ingresar a los Estados Unidos en octubre de 2024. Washington vinculó esta medida directamente con el caso "Sobornos 2012-2016", proceso judicial por el cual Correa fue condenado en Ecuador a ocho años de prisión y quedó inhabilitado para ocupar cargos públicos. Según la postura estadounidense, Correa abusó de su posición como mandatario al aceptar sobornos, incluidos aportes políticos, a cambio de favorecer la adjudicación de contratos gubernamentales. Al igual que en otros casos, la restricción alcanzó a su entorno familiar inmediato, incluyendo a su esposa, Anne Malherbe Gosselin, y a sus hijos mayores de edad. Desde su residencia en Bélgica, Correa ha rechazado la decisión de Estados Unidos, calificándola de política y sosteniendo que los procesos judiciales en su contra han estado marcados por una persecución política.
Simultáneamente, en octubre de 2024, el exvicepresidente Jorge Glas también fue incluido en la lista de personas inelegibles. El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que Glas abusó de su cargo durante su periodo en la Vicepresidencia, aceptando sobornos para favorecer contratos públicos. Este señalamiento coincide con la situación judicial de Glas en Ecuador, donde ya contaba con condenas por corrupción vinculadas a los casos Odebrecht y Sobornos. Además, recibió una sentencia de primera instancia por peculado dentro de la investigación sobre la Reconstrucción de Manabí. La medida de restricción migratoria estadounidense se extendió también a su esposa, Cinthia Díaz, y a su hijo adulto, Jorge Glas Díaz. Actualmente, Glas se encuentra recluido en la Cárcel del Encuentro, ubicada en Santa Elena.
La incorporación más reciente a este grupo de figuras políticas restringidas es la del exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes. En septiembre de 2026, Estados Unidos lo incluyó entre siete exfuncionarios ecuatorianos declarados inelegibles. Muentes ha sido sentenciado en Ecuador a más de 13 años de prisión por el delito de delincuencia organizada dentro del caso "Purga", una investigación que reveló una presunta estructura de corrupción compuesta por funcionarios, abogados y operadores judiciales en la provincia del Guayas. Washington señaló específicamente a Muentes y a otros tres exfuncionarios judiciales por presuntamente aceptar sobornos e interferir en procesos legales para beneficiar a organizaciones criminales, mencionando explícitamente la vinculación con estructuras como Los Choneros y el Cártel de Sinaloa. Esta decisión se dio a conocer el 9 de septiembre de 2026, pocas horas después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, visitara Ecuador.
Además de las cuatro figuras políticas principales, Estados Unidos amplió sus restricciones en septiembre de 2026 a otros seis exfuncionarios: Pablo Ramírez, Wilman Terán, Ronaldo Guerrero, Fabiola Gallardo, Johann Marfetán y Mayra Salazar.
Es importante precisar que ser declarado "inelegible" implica que la persona queda impedida, por regla general, de ingresar al territorio de los Estados Unidos bajo las normativas del Departamento de Estado. Esta medida difiere de una simple cancelación de visa, ya que constituye una restricción migratoria general que puede aplicarse incluso si el individuo no tenía planes de viajar. En casos de designaciones por corrupción, el gobierno de Washington posee la facultad de extender estas restricciones a los familiares directos de los señalados. Aunque las restricciones contra Bucaram, Correa, Glas y Muentes fueron anunciadas en diferentes años, todas comparten un eje central: la vinculación directa con acusaciones o condenas por corrupción cometidas durante el ejercicio de sus funciones públicas.
