La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha anunciado oficialmente que la comunidad foral acogerá a cinco niñas migrantes que formaban parte de la entrada masiva de personas registrada en Ceuta el pasado mes de julio. El anuncio se produjo este jueves durante el primer pleno de control del Ejecutivo correspondiente al nuevo curso político en el Parlamento foral, un espacio donde la gestión de la crisis migratoria en la ciudad autónoma ha cobrado un protagonismo central.
Durante su intervención, Chivite fue enfática al subrayar la voluntad de su administración de brindar un apoyo tangible a Ceuta. La presidenta navarra manifestó que la ayuda debe traducirse en acciones concretas y no limitarse a declaraciones públicas, afirmando que su Gobierno ayudará a la ciudad autónoma "no en la pancarta, sino con hechos, acogiendo a menores y lo que sea necesario". Esta postura pone de relieve una concepción de la política basada en la "cobertura" y la protección de las personas vulnerables que han llegado a territorio español.
El debate en el Parlamento navarro estuvo marcado por las preguntas planteadas por los grupos parlamentarios de EH Bildu y UPN, quienes centraron su interés en la situación de Ceuta. En respuesta a EH Bildu, la líder navarra confirmó la inminente llegada de las cinco menores, justificando esta decisión en un compromiso ético fundamental. Según Chivite, existe la responsabilidad moral de no abandonar a su suerte a ningún niño ni niña, asegurando que Navarra siempre estará dispuesta a colaborar siempre que se encuentre dentro de sus competencias, responsabilidades y, fundamentalmente, de la disponibilidad de sus propios recursos económicos y materiales.
La decisión de Navarra es particularmente relevante en el actual clima político, ya que se convierte en la primera comunidad autónoma en confirmar que aceptará el traslado de menores migrantes desde Ceuta hacia la Península. Esta medida contrasta drásticamente con la postura adoptada por las once comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP). Estas regiones han rechazado la idea del traslado, manteniendo la posición de que debe producirse el retorno de todas las personas que ingresaron en Ceuta a finales de julio.
No obstante, aunque las comunidades gobernadas por el PP se han opuesto al traslado físico de los menores, sí han accedido a proporcionar financiación para su atención básica mientras permanezcan en la ciudad autónoma. En este sentido, el pasado jueves 27 de agosto, la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia aprobó un crédito extraordinario destinado a sufragar los gastos de manutención de los menores, cuya cuantía asciende a 25 millones de euros.
A pesar de la aprobación de estos fondos, existen dudas serias sobre su suficiencia. El Gobierno central planteaba utilizar esta misma partida para financiar los traslados de los niños a otras regiones, pero diversas consejerías han alertado sobre la precariedad de este presupuesto. Un ejemplo claro es la postura de Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, quien ha advertido que los 25 millones de euros asignados serán insuficientes, estimando que solo alcanzarán para cubrir la atención de los menores durante los próximos dos meses.
Desde el Gobierno central, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido una visión humanitaria y cautelosa sobre el destino de los menores. Rego ha insistido en que cualquier proceso de retorno debe ser estrictamente voluntario y contar con todas las garantías necesarias, reconociendo que, en muchos casos, dicha repatriación no será posible. Por este motivo, la ministra ha sostenido que la responsabilidad del Estado es acoger y cuidar de estos niños, una línea de actuación que Navarra ha comenzado a implementar al abrir sus puertas a las cinco niñas.
En cuanto a la situación actual en Ceuta, los datos censales indican que hay un total de 2.000 menores entre las personas que ingresaron desde Marruecos los días 30 y 31 de julio. Para gestionar esta crisis, el Gobierno ha habilitado un total de 3.500 plazas en la zona y ha reforzado el personal con la incorporación de 50 funcionarios adicionales encargados de realizar los triajes correspondientes. Según Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y responsable del mando único, la prioridad absoluta de las operaciones actuales es lograr la reagrupación familiar de los menores.
