Un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá ha tomado la decisión de prorrogar la orden de captura que pesa sobre Carlos Ramón González, quien se desempeñó como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE). Esta determinación judicial se enmarca en la compleja investigación que adelanta la justicia colombiana por el presunto saqueo y la corrupción generalizada dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El exfuncionario, quien mantiene su condición de prófugo de la justicia, tuvo una reaparición pública este jueves durante el desarrollo de una diligencia judicial realizada de manera virtual. El objetivo central de dicha audiencia era definir la continuidad de la medida legal que se encuentra vigente en su contra, mientras las autoridades avanzan en el proceso judicial que busca esclarecer su presunta participación en un entramado de corrupción destinado al desvío de cuantiosos recursos públicos.
La decisión del Tribunal se produjo tras un proceso de revisión solicitado por la defensa técnica de Carlos Ramón González. Los abogados del exdirector habían cuestionado la determinación adoptada previamente en el mes de junio, fecha en la cual se había prorrogado por un periodo de un año la medida de aseguramiento y se había extendido la vigencia de la orden de captura. Ante los argumentos presentados por la defensa, el Tribunal procedió a analizar nuevamente la situación jurídica del procesado.
Tras la revisión, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó que la orden de captura debe seguir vigente. Asimismo, la instancia judicial aclaró un punto fundamental respecto a la temporalidad de las medidas: señaló que, por el momento, no corresponde decidir sobre una nueva prórroga de la medida de aseguramiento. La razón técnica es que todavía no se ha cumplido el primer año desde que dicha medida fue impuesta originalmente, por lo que el plazo actual sigue corriendo.
Un aspecto relevante resaltado por el Tribunal es la situación geográfica y jurídica de González. El magistrado explicó que, si bien una medida de aseguramiento conlleva restricciones legales estrictas para la persona procesada, en el caso particular de Carlos Ramón González, esto no se ha traducido en una detención efectiva. Lo anterior se debe a que el exfuncionario permanece refugiado en Nicaragua, país donde se encuentra asilado desde hace más de dos años, lo que ha impedido que las autoridades colombianas ejecuten la orden de captura.
Desde la perspectiva de la Fiscalía General de la Nación, Carlos Ramón González es señalado de haber desempeñado un papel fundamental en el direccionamiento de recursos y en la adjudicación de contratos dentro de la UNGRD. Este escándalo ha salpicado a diversos exfuncionarios del Gobierno de Gustavo Petro, revelando una red de presuntas irregularidades en la gestión de fondos destinados a la gestión del riesgo.
En el ámbito penal, el exdirector del DAPRE enfrenta un juicio donde se le imputan delitos graves, entre los que se encuentran el cohecho por dar u ofrecer, el peculado por apropiación agravado y el lavado de activos. La Fiscalía sostiene que González no solo participó en la red, sino que tuvo una incidencia directa en la distribución de dinero hacia figuras clave del poder legislativo.
Específicamente, la acusación de la Fiscalía señala que el exfuncionario habría otorgado el visto bueno para la entrega de recursos a quienes eran, en ese momento, los presidentes del Congreso de la República. Según el ente acusador, Iván Name, quien se desempeñaba como presidente del Senado, habría recibido la suma de 3.000 millones de pesos. Por su parte, Andrés Calle, quien presidía la Cámara de Representantes, habría recibido un monto de 1.000 millones de pesos.
La Fiscalía fundamenta gran parte de los cargos contra Carlos Ramón González en su presunta participación en la autorización de estos pagos. Para los investigadores, estos hechos forman parte central del esquema de corrupción que habría desviado fondos públicos de la UNGRD, consolidando la tesis de que el exdirector del DAPRE actuó como un facilitador en el flujo de capitales hacia los presidentes de las cámaras legislativas.
