El Gobierno de España sostiene que resultó "muy difícil anticiparse" a la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta ocurrida los días 30 y 31 de julio. Según el Ejecutivo, no existieron "avisos claros y con tiempo" que permitieran desplegar un dispositivo preventivo para evitar el suceso. Esta postura fue defendida este jueves por el ministro de Transportes, Óscar Puente, durante su intervención en Las Mañanas de RNE. En sintonía con este argumento, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha descartado su dimisión, insistiendo en que no hubo ninguna alerta de que se fuera a materializar una entrada de tales dimensiones, ni siquiera comparable a lo sucedido en 2021.
Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien fue la primera representante del Gobierno en mencionar la existencia de un aviso del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ha pedido que no se busquen discrepancias inexistentes. En declaraciones realizadas en Toro (Zamora), Robles afirmó que existen escenarios cuya magnitud es "imprevisible" y sostuvo que "cada uno ha hecho su trabajo como tenía que hacerlo" al ser cuestionada sobre la necesidad de mejorar los protocolos del CNI ante crisis similares.
Sin embargo, el relato oficial se enfrenta a las declaraciones del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. En una entrevista con la cadena SER, Pérez Triano aseguró que "todo el mundo" estaba al tanto del llamamiento realizado en redes sociales para entrar en la ciudad autónoma. El delegado matizó que el CNI no emitió una "alerta" formal, sino que trasladó una "información rutinaria" sobre la presión migratoria a través de una conversación "informal" de WhatsApp. Asimismo, añadió que el 27 de julio ya existían informaciones en la prensa local y en plataformas como TikTok y Facebook, donde jóvenes explicaban que quienes lograran entrar en Ceuta no podrían ser rechazados.
La polémica ha generado fuertes críticas incluso dentro del seno del PSOE. Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha manifestado en Albacete que el Gobierno debe aclarar los avisos recibidos sobre la entrada de migrantes. Según García-Page, la democracia obliga a escuchar a las minorías y no se puede permitir que el país piense que todo esto es una "gran mentira". A este malestar se suman los expresidentes Felipe González y José María Aznar. González lamentó que el Gobierno de Sánchez no haya asumido responsabilidades y calificó la gestión de la crisis como "manifiestamente mejorable". Aznar, por su parte, consideró que el evento evidenció las consecuencias de haber "enajenado la amistad de aliados relevantes", defendiendo la necesidad de normalizar la relación con Israel, a quien considera un aliado estratégico.
La desclasificación de informes gubernamentales ha confirmado que el CNI mantuvo comunicaciones el 29 de julio —la víspera de la entrada masiva— con su Delegación en Ceuta y con la Guardia Civil, expresando su preocupación por las convocatorias en redes sociales. Estos datos han sido utilizados por la oposición para intensificar sus ataques. Borja Sémper, portavoz del PP, calificó la actuación del Ejecutivo de "incomprensible" y denunció que no se tomaran medidas de refuerzo en la frontera marroquí. Desde Vox, su portavoz Pepa Rodríguez de Millán afirmó que los informes demuestran que el CNI cumplió su deber y acusó a Pedro Sánchez de incurrir en una "mentira criminal", sugiriendo que merece ser juzgado por "traición".
El entorno de Sumar también ha expresado su descontento. Alberto Ibáñez, diputado de Compromís, calificó las explicaciones del Gobierno de "peregrinas" y cuestionó que decisiones de tal magnitud se comuniquen por WhatsApp en lugar de seguir una cadena de mando oficial. Verónica Barbero, portavoz de Sumar, consideró "grave" que informaciones de ese calibre no llegaran a las instancias necesarias para adoptar medidas, insistiendo en que deben asumirse las responsabilidades correspondientes. En una línea más contundente, Águeda Micó, de Més-Compromís, pidió ceses directos, señalando específicamente al delegado del Gobierno por no tomarse en serio la información de los servicios de inteligencia.
Desde otras formaciones, Gabriel Rufián (ERC) consideró que los informes del CNI señalan directamente a la ministra Robles y sugirió que las disputas internas buscan desviar la atención de la relación con Marruecos. Miriam Nogueras (Junts) aseguró que el Ejecutivo no tiene control sobre las fronteras ni la seguridad del Estado, pidiendo a Sánchez que "dé un paso al lado" si es incapaz de resolver estos problemas. En contraste, Mertxe Aizpurua (EH Bildu) fue menos crítica, argumentando que un mensaje de WhatsApp no puede interpretarse como un aviso oficial con garantías y que el Gobierno actuó según sus posibilidades. Finalmente, Coalición Canaria, a través de Cristina Valido, señaló que sobraban motivos para actuar y que la crisis ha demostrado la vulnerabilidad de la frontera sur de Europa.
Respecto a la futura visita de los reyes a Ceuta, la Casa Real aclaró a RTVE que el viaje se estaba preparando antes de la crisis migratoria. Sobre las reuniones de los monarcas con la ministra Robles y mandos militares, informaron que el objetivo era obtener información de primera mano sobre el dispositivo desplegado en la zona.
