El exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, recuperó su libertad este jueves tras presentarse ante la Dirección Especializada de Lucha contra la Corrupción (Delcc). El exmandatario fue citado en el marco de una investigación judicial relacionada con la adquisición de cuatro hospitales móviles realizada durante su gestión administrativa, proceso que actualmente es objeto de escrutinio por parte del Ministerio Público.
Durante la diligencia, Fernández acudió a las instalaciones policiales acompañado por su equipo jurídico. A pesar de la citación, el exburgomaestre decidió ejercer su derecho constitucional a guardar silencio y se abstuvo de prestar declaración formal ante el fiscal asignado al caso. No obstante, como parte de su estrategia de defensa, hizo entrega de una serie de documentos de descargo que contienen información detallada sobre la adquisición y el funcionamiento operativo de los centros médicos en cuestión.
A su salida de la unidad policial, Jhonny Fernández ofreció una conferencia de prensa en la que cuestionó severamente los fundamentos de la denuncia. El exalcalde puso en duda la existencia de una auditoría que respalde la acusación de un presunto sobreprecio de 2,8 millones de bolivianos. Fernández interrogó públicamente sobre el sustento de la denuncia, señalando que no se puede acusar a una autoridad sin un proceso de auditoría formal y rechazó que se pueda determinar un sobreprecio basándose únicamente en comparaciones de precios de mercado, ignorando el procedimiento administrativo de contratación.
Para defender la legalidad del proceso, el exalcalde enfatizó que la compra de los cuatro hospitales móviles no se realizó mediante una invitación directa, sino a través de una licitación pública. Aseguró que el proyecto contó con un presupuesto previamente aprobado por el Concejo Municipal y que el proceso fue competitivo, contando con la participación de tres empresas distintas. De acuerdo con su relato, una de estas compañías resultó ganadora tras presentar la propuesta técnica y económica más favorable.
Fernández subrayó que toda la contratación se ajustó a los procedimientos establecidos en el Decreto Supremo 181, normativa que regula el sistema de administración de bienes y servicios del Estado. Asimismo, aclaró la naturaleza de su responsabilidad jerárquica en el proceso, explicando que su intervención como alcalde ocurrió únicamente en la etapa final. Según el exmandatario, él actuó como la instancia final para la firma del contrato, mientras que la elaboración de informes técnicos, legales y administrativos, así como la verificación de presupuestos y el proceso de licitación, fueron gestionados por unidades correspondientes. Remarcó enfáticamente que él no formó parte de la comisión encargada de calificar las propuestas de las empresas participantes.
En cuanto al impacto social y la operatividad de las unidades, Fernández defendió la utilidad de los hospitales móviles, afirmando que los cuatro centros fueron entregados hace más de dos años y que continúan prestando servicios a la ciudadanía. Proporcionó datos específicos sobre el alcance de estos centros, indicando que más de 20.000 personas han recibido atención médica y se han aplicado más de 12.000 vacunas gratuitas en diversos barrios de la ciudad. En este sentido, rechazó las versiones que sugieren que dos de los hospitales estarían fuera de funcionamiento y criticó los cuestionamientos sobre la cantidad de unidades que podrían haberse adquirido con el monto destinado al proyecto.
El Ministerio Público mantiene la investigación abierta por los presuntos delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado. La tesis de la fiscalía se basa en la adquisición de cuatro camiones que posteriormente fueron adaptados como hospitales móviles, donde se sospecha el mencionado sobreprecio.
Finalmente, Jhonny Fernández calificó la denuncia como un proceso con un fuerte componente político, recordando que ha enfrentado convocatorias similares a lo largo de su trayectoria como autoridad. Ante las solicitudes de algunos concejales que han planteado la posibilidad de una detención preventiva, el exalcalde manifestó que no tiene motivos para preocuparse ni asustarse, pues sostiene tener la verdad y los documentos que respaldan su gestión. Fernández concluyó asegurando que acudirá a declarar cuantas veces sea necesario, manifestando su respeto a la ley y afirmando que su conciencia está tranquila.
