El Gobierno de España se encuentra en el centro de una intensa controversia política tras la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio. El Ejecutivo sostiene que era "muy difícil anticiparse" a este suceso y afirma que no existieron avisos claros ni con el tiempo suficiente para desplegar un dispositivo capaz de evitar la situación. Estas declaraciones han sido defendidas por el ministro de Transportes, Óscar Puente, en Las Mañanas de RNE, y respaldadas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha descartado rotundamente su dimisión, insistiendo en que no hubo alertas de que se materializaría una entrada de tal magnitud, ni siquiera comparable con los sucesos de 2021.
Sin embargo, la versión oficial ha chocado con la desclasificación de informes que sugieren una realidad distinta. Según estos documentos, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) mantuvo comunicaciones el 29 de julio —víspera de la crisis— con su Delegación en Ceuta y con la Guardia Civil, trasladando su preocupación por diversas convocatorias que circulaban en redes sociales para el día siguiente. Ante estas críticas, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido evitar la búsqueda de discrepancias inexistentes, argumentando que existen escenarios cuya magnitud es "imprevisible" y asegurando que cada organismo ha cumplido con su trabajo.
La polémica se ha intensificado con las declaraciones del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. En una entrevista con la cadena SER, Triano afirmó que "todo el mundo" estaba al tanto de los llamamientos realizados en redes sociales. No obstante, matizó que el CNI no emitió una "alerta" formal, sino que transmitió una "información rutinaria" sobre la presión migratoria a través de una conversación "informal" por WhatsApp. Asimismo, señaló que el 27 de julio ya había informaciones en la prensa local y testimonios en plataformas como TikTok y Facebook donde jóvenes explicaban que, una vez dentro de Ceuta, no podían ser rechazados.
Esta gestión ha provocado una fractura no solo con la oposición, sino también dentro del propio entorno del Ejecutivo. Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha y voz crítica dentro del PSOE, ha instado al Gobierno a aclarar los avisos recibidos. García-Page advirtió que, de no haber transparencia, el país podría percibir la situación como una "gran mentira", algo que consideró inadmisible para la democracia. Por su parte, los expresidentes Felipe González y José María Aznar también han emitido juicios severos. González calificó la gestión como "manifiestamente mejorable" y lamentó que el Gobierno de Sánchez no asuma responsabilidades, mientras que Aznar vinculó la crisis a la pérdida de amistad con aliados estratégicos, mencionando específicamente la necesidad de normalizar la relación con Israel.
Desde la oposición, las críticas han sido tajantes. El portavoz del PP, Borja Sémper, calificó de "incomprensible" la actuación del Ejecutivo al no tomar medidas de refuerzo en la frontera horas antes del suceso. En una línea más dura, la portavoz de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, afirmó que el CNI sí cumplió con su obligación de alertar y acusó al presidente Pedro Sánchez de incurrir en una "mentira criminal", sugiriendo que debería ser juzgado por "traición".
Los socios de Gobierno y otros grupos parlamentarios también han exigido depuraciones. Alberto Ibáñez, de Compromís (Sumar), cuestionó que decisiones de tal calibre se comuniquen por WhatsApp en lugar de seguir una cadena de mando oficial. Verónica Barbero, portavoz de Sumar, calificó de "grave" que la información no llegara a las instancias necesarias y pidió que se asuman las responsabilidades correspondientes si se descubre un fallo en la transmisión de datos. En una postura más radical, Águeda Micó (Més-Compromís) ha solicitado ceses directos, señalando específicamente al delegado del Gobierno por no tomarse en serio la información de los servicios de inteligencia.
El mapa político se completa con las visiones de ERC, Junts y EH Bildu. Gabriel Rufián (ERC) consideró que los informes del CNI señalan directamente a la ministra Robles, sugiriendo que las disputas internas buscan desviar el foco de la relación con Marruecos. Miriam Nogueras (Junts) afirmó que el Ejecutivo no tiene control sobre sus fronteras ni sobre la seguridad del Estado, llegando a pedir que Sánchez "dé un paso al lado" si es incapaz de resolver estos problemas. En contraste, Mertxe Aizpurua (EH Bildu) fue la voz más moderada, argumentando que un aviso por WhatsApp no puede considerarse una alerta oficial con garantías y que el Gobierno actuó según sus posibilidades. Finalmente, Coalición Canaria, a través de Cristina Valido, subrayó la vulnerabilidad de la frontera sur y lamentó la inexistencia de medidas preventivas coordinadas entre España y Marruecos.
En medio de este clima de tensión, la Casa Real ha aclarado que la previsión de la visita de los reyes a Ceuta ya se estaba preparando antes de la crisis migratoria. Respecto a las reuniones de los monarcas con la ministra Robles y mandos militares, fuentes de la Casa Real explicaron que el objetivo era obtener información de primera mano sobre el dispositivo desplegado en la ciudad autónoma.
