Las bases de datos que contienen las investigaciones contra bandas y cabecillas del crimen organizado en el país podrían quedar expuestas a ciberataques y filtraciones. Esta vulnerabilidad se derivaría de la posible aprobación de un recorte de ₡10.250 millones al presupuesto de informática y tecnología del Poder Judicial, una reducción propuesta por el Ministerio de Hacienda para el próximo año. Autoridades judiciales han advertido que esta medida generaría una parálisis operativa en el sistema de justicia.
Michael Soto, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), señaló que la digitalización de las investigaciones sobre narcotráfico y crimen organizado implica un riesgo latente. Según el funcionario, suspender la inversión en seguridad cibernética dejaría los sistemas vulnerables ante hackeos y posibles filtraciones de información pública, lo que pondría en peligro expedientes y procesos de investigación que han requerido años de construcción.
La situación financiera para el OIJ es crítica, ya que el 50% del monto presupuestario destinado a tecnología para la institución se encuentra bloqueado de cara al próximo año. Esta restricción no solo afecta la tecnología general, sino que impide la adquisición de software especializado para el trabajo diario de la Policía Judicial. Entre las afectaciones se incluye la pérdida de licenciamiento para herramientas de cibercrimen, las cuales son indispensables para atender asuntos informáticos cotidianos, como el acceso al contenido de teléfonos decomisados, fuente de evidencia clave en múltiples investigaciones.
Asimismo, el desarrollo de herramientas internas se vería comprometido. El OIJ cuenta con software propio creado por sus informáticos, entre ellos el sistema "Supercop", una herramienta diseñada para consultar diversas bases de datos del OIJ y de entidades públicas desde una sola plataforma. Debido a que las licencias necesarias para que sus programadores operen estas herramientas están próximas a vencer, la falta de fondos impediría su uso, obligando a los agentes a realizar consultas de forma presencial en el Registro Civil o el Registro Nacional, un proceso que actualmente se realiza con un solo clic.
El impacto se extiende también al Departamento de Medicina Legal y en Ciencias Forenses. La falta de recursos afectaría el software requerido por las áreas de ingeniería forense, medicina legal y ciencias forenses. Los laboratorios enfrentarían dificultades en sus líneas de trabajo relacionadas con equipos, insumos y reactivos necesarios para la ejecución de pruebas de sangre, análisis de delitos sexuales y pruebas de ADN.
Por su parte, Martín Hernández, director de Informática del Poder Judicial, advirtió ante la Corte Plena sobre el posible colapso de la infraestructura de hardware y mantenimiento. Sin presupuesto, la institución no contaría con soporte, repuestos ni mantenimiento para dispositivos de red, computadoras o servidores. Además, se produciría una desconexión de sedes y enlaces, ya que no se podría cubrir la facturación de los enlaces de datos de los 22 circuitos judiciales y dependencias periféricas. Esto afectaría más de 60 contratos de interconexión, incluyendo el enlace directo con Migración, esencial para los controles en aeropuertos y puestos fronterizos.
El cronograma de vencimientos plantea riesgos a mediano plazo. Para febrero de 2027, el vencimiento de las licencias de Office y Microsoft Teams imposibilitaría la realización de audiencias virtuales, videoconferencias y juicios virtuales. En esa misma fecha, el vencimiento de las licencias VPN marcaría el fin del teletrabajo, ya que el personal judicial no podría conectarse de forma remota y las oficinas no cuentan con espacio suficiente para el retorno total de los trabajadores.
Para marzo de 2027, vencerían las licencias de antivirus institucional y de protección perimetral, dejando desprotegidos los servidores y equipos. Finalmente, la falta de recursos para renovar el licenciamiento con Microsoft bloquearía el acceso al correo institucional, lo que paralizaría la recepción, tramitación y envío de notificaciones en todo el sistema judicial, además de afectar las licencias del software que utilizan los fiscales para la gestión de sus expedientes.
