La Policía Estatal de Oaxaca se encuentra nuevamente en el centro de la controversia pública tras la difusión de un video en redes sociales y grupos de mensajería. En las imágenes, que se han vuelto virales, aparece presuntamente una integrante de la corporación consumiendo una cerveza mientras porta el uniforme oficial de la institución. Este hecho ha desencadenado una serie de críticas hacia la corporación y ha puesto en marcha procesos de investigación interna.
Ante la repercusión del material audiovisual, el comisionado de la Policía Estatal, Francisco Santiago García, confirmó que el caso ha sido turnado a la Dirección General de Asuntos Internos. El funcionario calificó estas acciones como "actos reprobables" y aseguró que se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para aplicar las sanciones pertinentes. Santiago García enfatizó que la institución no tiene la intención de solapar actitudes que desacrediten la integridad de la Policía Estatal ni de encubrir conductas que afecten su funcionamiento e imagen pública.
Hasta el momento, el comisionado informó que se han abierto dos expedientes relacionados con hechos difundidos recientemente. Además del caso de la agente consumiendo alcohol, existe otra investigación derivada de un video captado en las inmediaciones de la Central de Abasto. En dicho material se observa una intervención policial y una inspección a una persona que viajaba en motocicleta, cuya actuación ha generado cuestionamientos y ha sido remitida a Asuntos Internos para determinar las sanciones contra los elementos involucrados.
Sin embargo, el impacto de la noticia ha trascendido el video de la cerveza. De manera extraoficial, comenzó a circular un documento fechado el 18 de agosto, dirigido a la Dirección General de Asuntos Internos, en el cual diversos elementos de la corporación denuncian una problemática estructural más profunda. En este escrito, los policías señalan la existencia de presuntos actos de favoritismo, abuso de poder y un trato desigual dentro de la institución.
Los denunciantes sostienen que existen personas que gozan de posiciones privilegiadas debido a su cercanía con mandos policiales. En este contexto, el documento vincula a una integrante identificada como secretaria particular del jefe de Estado Mayor con el video en el que se observa a una persona uniformada bebiendo alcohol. Cabe destacar que, hasta el momento, estas acusaciones forman parte de una denuncia interna y no constituyen hechos acreditados legalmente.
Las revelaciones contenidas en el oficio son aún más graves en otros apartados. Elementos inconformes señalan a personal cercano al comandante regional del Istmo, asegurando que se llevarían a cabo reuniones y fiestas donde presuntamente se consumirían drogas y bebidas alcohólicas. Esta denuncia pone de relieve una presunta dualidad en la aplicación de la disciplina, ya que los denunciantes afirman que mientras algunos gozan de impunidad, otros integrantes de la corporación enfrentan procedimientos disciplinarios por conductas que consideran de menor gravedad.
Sumado a esto, el documento advierte sobre un clima de temor y represalias. Los policías que han cuestionado estas prácticas aseguran que podrían enfrentar castigos, tales como cambios de destacamento o la exposición de su información personal en grupos internos de comunicación. Esta situación subraya la vulnerabilidad de los mecanismos internos de denuncia dentro de la corporación, donde quienes señalan irregularidades temen ser castigados.
Como развитие posterior a la viralización del video, comenzó a circular la fotografía de un oficio enviado al comisionado Francisco Santiago García, en el cual la uniformada involucrada presentaría su renuncia a la plaza que ocupaba.
El escenario actual plantea un desafío crítico para la Policía Estatal de Oaxaca. Más allá del impacto momentáneo de las redes sociales, la institución se enfrenta a la necesidad de determinar si estos incidentes son casos aislados o el síntoma de fallas recurrentes en sus controles internos. La Dirección de Asuntos Internos deberá esclarecer no solo la identidad y circunstancias del video, sino también la veracidad de las denuncias de favoritismo y represalias. Para una corporación encargada de hacer cumplir la ley, la aplicación uniforme de las normas es fundamental para mantener la confianza tanto de sus propios elementos como de la ciudadanía.
