En una serie de intervenciones decisivas coordinadas entre el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) y la Policía Nacional del Perú (PNP), se logró desarticular una intensa actividad de minería ilegal en diversas zonas críticas de la región Madre de Dios. Las operaciones, que combinaron despliegues fluviales y terrestres, se concentraron en los sectores de Balata, Huacapún, Isla Córdova y Delta Uno, áreas próximas a la Reserva Comunal Amarakaeri, así como en el sector A8, situado en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, en el distrito de Inambari.
Durante cinco días de operativos continuos, las fuerzas del orden lograron la destrucción de infraestructura y maquinaria pesada valorizada en más de 26 millones de soles. El balance detallado de las intervenciones arroja la neutralización de 36 campamentos mineros de construcción rústica, 37 pozas, 34 balsas, 82 motores, 35 tolvas y cinco dragas. Toda esta maquinaria operaba sin la autorización correspondiente, impactando severamente los recursos naturales de la zona.
La minería ilegal en esta región amazónica representa una amenaza devastadora para el medio ambiente. La explotación desmedida de minerales conlleva a la deforestación masiva de bosques nativos, la alteración de ecosistemas frágiles y la contaminación de las fuentes hídricas mediante la introducción de metales pesados y sustancias tóxicas. Asimismo, estas actividades criminales degradan la calidad de vida de los pobladores locales y generan conflictos que socavan la seguridad y el bienestar de las comunidades.
La ejecución de este operativo fue el resultado de un esfuerzo articulado entre el Comando Operacional del Sur, a través de la Segunda Brigada de Protección de la Amazonía y la Aviación del Ejército, junto a unidades especializadas de la Policía Nacional y representantes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA). Según explicaron miembros del CCFFAA, la dinámica operativa se basó en una complementariedad institucional: la FEMA proporcionó el marco legal y procesal, la Policía Nacional lideró la interdicción, mientras que el personal militar y las fuerzas especiales policiales aseguraron el perímetro y brindaron cobertura táctica.
Esta ofensiva representa un cambio significativo en la estrategia estatal. A diferencia de años anteriores, donde las incursiones eran diurnas y el material era dinamitado antes de abandonar el área —lo que permitía a los mineros ilegales regresar rápidamente—, ahora se ha implementado una estrategia de presencia permanente. El establecimiento de puestos de comando avanzados, como la Base Fátima y posiciones tácticas en Balata y Delta 1, permite un control territorial ininterrumpido.
Al respecto, el general de brigada Víctor Manuel Cotrina Pérez, comandante general de la Segunda Brigada de Protección de la Amazonía del Ejército del Perú, afirmó que con el puesto de comando en Fátima se está consolidando el control del territorio y fortaleciendo la presencia del Estado. Indicó que esta capacidad permite sostener las operaciones, evitar que se reactiven los enclaves ilegales y reducir el espacio de acción de quienes depredan la Amazonía, reafirmando que el territorio debe ser protegido y preservado para todos los peruanos.
Un factor determinante en el éxito de estas misiones ha sido la capacidad aeromóvil de la Aviación del Ejército. El uso de helicópteros ha sido decisivo para acceder a sectores remotos de la selva sur y mantener el factor sorpresa, reduciendo los tiempos de desplazamiento y evitando que la maquinaria sea retirada u oculta. El comandante EP Carlos Barrenechea Tito destacó que la Aviación del Ejército está disponible las 24 horas para apoyar estas interdicciones rápidas y coordinadas. Además, las operaciones fueron respaldadas por inteligencia previa desarrollada junto al SERNANP y la Policía Nacional.
Estas acciones forman parte de una estrategia sostenida que, desde enero de 2026, ha sumado más de 172 intervenciones militares y policiales, generando una afectación económica superior a los 1.000 millones de soles a las redes de minería ilegal.
Paralelamente, en el sector de La Pampa, se registró un violento incidente. Un equipo especial contra el crimen organizado de la PNP fue atacado por aproximadamente 15 sujetos armados con fusiles y explosivos mientras realizaba labores de videovigilancia contra una banda vinculada al sicariato y la extorsión. Durante el enfrentamiento, dos policías tuvieron que refugiarse en la selva y resultaron con lesiones en la cabeza, mientras que otros tres efectivos fueron atacados en su vehículo, resultando ilesos gracias a sus chalecos antibalas.
En respuesta, la PNP reforzó el cerco operativo y, el 15 de agosto a las 6:00 a. m., intervino un inmueble en el kilómetro 115 de la Interoceánica, en La Pampa. En el lugar fueron detenidos tres presuntos integrantes de la red criminal y se incautaron una motocicleta, celulares, cartuchos de explosivos y municiones. Asimismo, se hallaron dos cadáveres que, según reconocimientos preliminares, habrían pertenecido al grupo armado que atacó a los efectivos policiales horas antes. Las autoridades precisaron que las investigaciones continúan para establecer las causas exactas de los fallecimientos.
